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Sucesos

Funcionaria de Cultura en sociedad de abogado lavador

Afirma que no sabe cómo fue inscrita

  • El abogado fue conocido por defender al exguerrillero colombiano Libardo Parra, quien fue detenido con ¢700 millones en nuestro país y acusado por legitimación de capitales

  • Soto fue asesinado en el 2009 en Granada, por formar parte de una organización dedicada al lavado de dinero

  • La sociedad Morilar S.A. aparece desde el año 2008, permanece activa, en su constitución figura Soto y la funcionaria de apellido Chavarría

El abogado costarricense Manuel Soto Morice, asesinado el 22 de marzo del 2009 en Nicaragua por supuestos vínculos con organizaciones dedicadas a legitimar capitales, figura en una sociedad anónima con la actual contralora de servicios del Ministerio de Cultura.

La funcionaria de apellido Chavarría, aseguró a DIARIO EXTRA que, pese a conocer a Soto, jamás permitió que su nombre fuese inscrito en una sociedad junto a él, por lo que desconocía de los hechos.

“Me parece totalmente inaceptable que algo así haya ocurrido, a Manuel tenía años de no verlo, jamás supe por qué lo mataron, realmente me toma por sorpresa que usted me esté diciendo eso, ojalá estuviera vivo para pedirle explicaciones porque esto es un delito”, afirmó la funcionaria.

De acuerdo con certificación número 5637313-2016, la agrupación Morilar Sociedad Anónima fue creada en abril del año 2008, y es presidida por Josefina Morice Lara, madre del ahora occiso.

Además, en ella figuran como vicepresidente Manuel Soto Morice, como secretario un hombre de apellido Moya y como tesorero Rigoberto Soto Blanco, padre del polémico abogado.

En el caso de Chavarría, esta aparece como fiscal de la sociedad, adjudicada para fines comerciales. 

Soto Morice fue asesinado la noche del 22 de marzo en Granada, Nicaragua. Las autoridades de ese país establecieron mediante una investigación que tardó varios meses, que Soto creó dos sociedades a través de las cuales, lavaba dinero junto a varias personas.

“Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional de Nicaragua incautaron casi $2 millones (¢1000 millones) en operativos realizados en Managua y en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) (…), en uno de los operativos fueron desmanteladas dos empresas de papel que operaban en Nicaragua y Costa Rica las cuales eran utilizadas como fachada para lavado de dinero”, publicó en esa oportunidad la agencia DPA en Managua. 

 

TRIANGULACIÓN: C.R,
PANAMÁ Y NICARAGUA 

 

El proceso judicial seguido contra Soto en suelo pinolero permitió revelar, que las dos sociedades conocidas como Inversiones Latinoamericana Círculo Dorado S.A. y Construcciones y Diseños Ericmo S.A, mantenían operaciones con oficinas instaladas en Costa Rica, Panamá y Nicaragua. 

Las funciones de las agrupaciones eran para la compra y venta de vehículos de lujo, siendo empresas con un perfil económico sumamente alto, y cuyos propietarios según la Fiscalía de Managua, llevaban una vida muy costosa y con desperdicios notables de dinero. En un allanamiento hecho en el apartamento, cerca del cual fue asesinado, la policía de Nicaragua encontró más de $800 mil (aprox. ¢400 millones), mientras que en una cuenta bodega de un banco encontraron contratos para el abogado tico y dinero en efectivo.

Ante consulta hecha por este rotativo, el Registro Nacional confirmó que la sociedad Morilar S.A. continúa activa. 

La Fiscalía General de la República, a través de su oficina de prensa, señaló que en las próximas horas daría los detalles sobre la labor que se realizó contra Soto durante ese año, debido a que el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), emitió informes sobre actividades irregulares que realizaba en bancos costarricenses.

Sobre el origen del dinero decomisado a Soto después de fallecido, las autoridades nicaragüenses establecieron que todo se manejaba en efectivo, aumentando así las sospechas del lavado. 

Soto tenía origen de nacimiento en Liberia, Guanacaste, además, ingresó al Colegio de Abogados en 1999. En el año 2004, el ahora fallecido fue el abogado defensor de un exguerrillero colombiano, Libardo Parra Vargas, a quien le decomisaron $1,4 millones (cerca de ¢700 millones), dinero que, según la Fiscalía costarricense, venía de los negocios que el colombiano tenía en territorio pinolero.

 

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Viernes 08 Julio, 2016

HORA: 12:00 AM

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