Hace tres meses el presidente Luis Guillermo Solís anunció un ejemplo del añorado cambio que prometió en campaña: la implementación de un nuevo registro de sustancias agroquímicas. 

La Cámara de Insumos resalta que hace 12 años la Contraloría General de la República (CGR) alertó de un desorden en el registro de estas sustancias. Alegan que de esa advertencia se formuló un decreto y una legislación que han sido limitados. Por ejemplo, señalan que desde esa fecha hasta el 2009 se registraron sólo cinco productos y la nueva ley logró sacar una presa de 451 agroquímicos, pero su vigencia expiró a los tres años.

Los ingenieros Mario Arrea y Roberto Obando, presidente y director ejecutivo de la cámara, reconocen la importancia del nuevo reglamento que promete Solís, pero aseguran no surtirá efecto mientras el sistema de registro siga secuestrado. Afectando así la productividad nacional, la competitividad y a los agricultores.

En adelante un extracto de la entrevista que compartieron con DIARIO EXTRA, en la que exigen al gobierno realizar una auditoría al proceso de registros.

La problemática en el registro de estos productos es de muchos años. ¿Ha habido respuesta en este gobierno?

- Obando: Ha sido un proceso donde ha habido desilusiones, falta de orientación del gobierno que no ha marcado líneas de trabajo que todos esperamos que en su momento fueran directrices. Reuniones con candidatos en aquel momento, a don Luis Guillermo se le explicó el problema, lo entendía enteramente y dos años después lo positivo queda siempre en duda. Cuando usted no tiene las reglas del juego claras, y es una administración que requiere que las reglas del juego estén claras, podrá ver un marco de referencia legal idóneo, pero seguirán los mismos traspiés. 

¿Por qué es inoperante el sistema de registro?

- Obando: Porque el que tiene que liderar el proceso es el Ministerio de Agricultura, pero tiene a su mismo nivel Dirección de Gestión Ambiental, que es del Minae y el Ministerio de Salud, entonces si una de las partes no está conforme con la información el proceso se paraliza, nadie se apropia del proceso. Todavía los impuestos que pagamos de 1,5% de la importación de agroquímicos para que este proceso sea efectivo, son alrededor de ¢3.500 millones por año, no sabemos dónde se invierten. Se le paga al Servicio Fitosanitario, al MAG. Hemos pedido auditorias para saber y no hay manera.

Arrea: Estas instituciones están tomadas por los mandos medios, el ministro puede tener la mejor voluntad, que nada se mueve. 

¿Qué pasa en la Dirección de Gestión Ambiental?

- Obando: Específicamente la Dirección de Gestión Ambiental, gente con un conocimiento en la materia básico, pero no especializado, no encuentra una persona que esté formada para hacer evaluaciones ambientales de credenciales. No hay, el Servicio Fitosanitario tiene gente formada pero no especialista en los temas. Como Cámara de Insumos, una empresa muy grande no puede jugarse el chance de que su producto sea malo porque se le va a caer el prestigio. Una molécula para que llegue de la investigación al campo cuesta $214 millones.

Arrea: Nos han pedido requisitos que ni estas compañías tan modernas tienen.

¿El reglamento que anunció el Presidente no soluciona el problema de registro?

- Obando: El 22 de febrero don Luis Guillermo dice: “ya estoy cansado, voy a arreglar el problema de agroquímicos, ese es el cambio”. Nos invita el Presidente con los ministros de Agricultura y Ganadería, esto ya no es solo un interés de la industria, es que ya los productores son los que están generando presión, estamos hablando de caficultores, piñeros, hortícolas, arroceros, caña, todos están desesperados porque haya productos que en el mundo se están utilizando. El problema de Costa Rica es que no se están registrando los que ya son efectivos en otras partes del mundo. El Ministerio de Ambiente a través de algunos funcionarios de la Dirección de Gestión Ambiental han secuestrado el proceso de registro “con ganas de defender la parte ambiental”, ellos se adueñaron.

Arrea: Ponen requisitos incumplibles de información, por ejemplo, un producto nuestro que está en Suiza, que Europa es lo más complicado, y piden más información aquí.

Obando: Cuando nos damos cuenta esa información se utilizó para registrar en Estados Unidos, Europa, Australia, en China, Argentina y Brasil. Resulta que el encargado de esto en la Dirección de Gestión Ambiental es una persona graduada en una universidad en Moscú, Universidad Estatal Agraria. Ninguno de los funcionarios que está en el Servicio Fitosanitario ha sido preparado académicamente para hacer las abordaciones que tiene que hacer.

Usted habla de un secuestro en el proceso. ¿Cuál es la forma en la que entraban los productos?

- Obando: El problema está en la interpretación que hagan los funcionarios que se encargan del proceso. Estamos apostando a un marco legal, pero tiene que estar acompañada la parte técnica, y es la que nosotros creyendo si hay o no posibilidades de que la puedan cumplir ellos por la formación. Si el encargado no tiene los conocimientos técnicos que se ha forjado en cuatro años en un puesto, cómo van resolver la situación. Como un agroquímico es una herramienta, usted no puede castigar el registro de usar esa herramienta. Él condiciona porque hay personas que lo han usado de manera inadecuada. Él lo que dice “si por mi fuera no hubiera plaguicidas en Costa Rica”, públicamente lo manifiesta. Estamos en país tropical, nosotros protegemos los cultivos, lo que hacemos es darles medicinas a las plantas.

Arrea: Nosotros lo que hacemos es defendernos por la vía de la ciencia para que en cualquier cuestionamiento se dé el porqué.

Si es un encargado de registros agroquímicos y expresamente está en contra de la labor. ¿Alegan que impone sus intereses?

- Obando: Hay producto de innovación que va a mejorar su eficiencia, que ya están muy probados en la parte ambiental, ¿por qué esta persona bloquea que se puedan registrar esos productos?

Arrea: La mayoría de productos para el control de plagas tiene 25 años desde que salieron, hay productos de estos que se utilizan 2 litros o kilogramos por hectárea, ahora hay productos modernos que se usan 100 gramos, es una menor carga química, menor riesgo ambiental, menor riesgo para el que aplica, por eso estamos pidiendo que eso salga. El agricultor también está esperando, tuvimos hace poco algunos problemas con piña y chayote que iban con ciertas plagas y puede estarse dando porque los productos están viejitos y ya tienen resistencia.

¿Cuál es la afectación que han determinado ante el bloque de plaguicidas?

- Obando: Pérdida de competitividad. En Costa Rica lo ven en el mundo como “mirá ese es el país que usa cositas viejas, que no son malas, pero ya está desfasado en relación a los demás mercados, incluido Centroamérica”. Los mercados internacionales hacen evaluaciones de los productos que se están utilizando. Comienzan a decir: “¿le compro a Costa Rica o a Nicaragua? ¡A Nicaragua porque está utilizando estos otros productos! Le compro a Guatemala, o Panamá y no a Costa Rica”. Hay una fuerte incidencia en mercados internacionales, Costa Rica se ha quedado atrás en no mejorar su abanico de productos moderno.

¿Si estos productos nuevos tienen mayor garantía ambiental ante los malos usos, falta más formación a los productores?

- Obando: Sí, tenemos por ejemplo la Fundación Limpiemos Nuestros Campos que ayuda a los productores en la formación, también se encarga de recoger los envases de agroquímicos. Los ambientalistas dicen que estamos bajando niveles de exigencia. Todo lo contrario. Lo que estamos pretendiendo es que los niveles de aplicación de la normativa son los mismos que están utilizando en países desarrollados en la comunidad OCDE, Estados Unidos, Europa, Australia, Suramérica, tenemos la capacidad tecnológica para cubrir las exigencias gubernamentales, lo que no vamos a hacer nunca es a responder ocurrencias de funcionarios.

¿Qué exigen al gobierno? ¿Piden la destitución del funcionario?

- Obando: Es falta de ética decirlo, será problema del gobierno resolverlo. Exigimos un auditoría operativa del proceso, que ahora que está ese nuevo documento se haga, pero no por los mismos participantes, que venga puede ser Ciencia y Tecnología, que haga una evaluación del proceso de registro para definir si están haciendo o no el trabajo de manera adecuada.

Arrea: Uno de los problemas más serios es que nos piden excesiva información, hacemos el esfuerzo, pero no cumplen los plazos para devolver, dura dos años, tres años. Incluso hay un rumor de que se están perdiendo documentos y expedientes. Y las empresas serias no van a permitir que su información ande flotando. No estamos pidiendo cosas menos de lo que se hace en los países más avanzados.

EXTRADIRECTO

PERIODISTA:

EMAIL:

Lunes 30 Mayo, 2016

HORA: 12:00 AM

Enviar noticia por correo electrónico

SIGUIENTE NOTICIA