Para el Sindicato de Funcionarios y Funcionarias de la Defensoría de los Habitantes (Sidef), la defensora Montserrat Solano incumplió el debido proceso al aprobar una reforma integral al Estatuto de selección, ascensos y nombramiento de personal, sin ponerlo a consulta y sin solicitar los criterios técnicos, financieros, administrativos y jurídicos correspondientes.
Federico Monge, vocero del Sidef, manifestó que al agotarse toda la vía administrativa, la organización, tras consultar a los afiliados, interpuso una demanda contra el Estado y la defensora de los Habitantes, tal como lo publicó ayer DIARIO EXTRA, a fin de que en estrados judiciales se determine si el estatuto se puede aplicar, pese a la forma en que se aprobó y publicó.
Entre las razones que motivaron la interposición de la demanda, Monge detalló que se identificó una serie de vicios, pues no se efectuaron los estudios financieros, de costos, jurídicos ni de recursos humanos que acuerparan el nuevo estatuto.
Asimismo agregó que el nuevo reglamento violenta derechos adquiridos, pues, entre otros, se elimina la carrera administrativa alcanzada por los funcionarios interinos.
Con el nuevo estatuto se impulsan los concursos externos, aspecto que afecta la carrera administrativa de los trabajadores que tienen años de estar en puestos interinos, a la espera de que se abra un concurso interno a fin de escalar.
“Para hacer una reforma de este tipo se requiere el debido proceso. La forma en que se dio esta reforma fue totalmente irregular y a partir de eso es que el sindicato actúa. La decisión fue unilateral e inconsulta. La decisión de reformar el estatuto no se consultó, más bien nos dimos cuenta en corredores de que algo se estaba gestando allí en el despacho.
No se había hablado oficialmente de que se estaba haciendo una reforma ni de un estudio para esa reforma, entonces los funcionarios elaboran una nota y 94 la firman porque queremos saber qué es lo qué está pasando, solicitando información, solicitando estudios técnicos, si se había realizado un estudio financiero de cuánto costará esto y el impacto en las finanzas públicas, y la respuesta que se obtuvo es que se trabajaba en una reforma, sin contestar las demás preguntas planteadas”, afirmó Monge en entrevista con El Periódico de más Venta en Costa Rica.
CONTROL DE LA LEGALIDAD
Monge recordó que la Defensoría de los Habitantes tiene entre sus funciones el control de la legalidad y dentro de sus competencias está señalarles cuál es la forma correcta de actuar, cuál es el marco jurídico que existe en materia de derechos laborales y en otros derechos humanos.
“Si la Defensoría de los Habitantes en este sentido no identifica este tipo de cosas, se puede prestar para perder legitimidad y lo que estamos haciendo es defender la institucionalidad. Estamos actuando en el fortalecimiento de la Defensoría de los Habitantes”, recalcó Monge.
En casi 23 años de existencia es la primera vez que el sindicato de la Defensoría de los Habitantes demanda ante los tribunales al jerarca por considerar que la decisión atenta contra los derechos laborales.
Monge manifestó que tras la gestión realizada por los trabajadores, Solano visitó algunas de las direcciones para informar que la reforma se iba a dar y que pese a los planteamientos, estos no fueron incluidos en el documento final, que se publicó el 10 de marzo.
SIN PIES NI CABEZA
La defensora de los Habitantes dijo que “la demanda no tiene pies ni cabeza”, al tiempo que defendió el nuevo estatuto y afirmó que fue consultado a todos los funcionarios de la institución.
“Cuando ingreso a la Defensoría tenemos un estatuto que tiene algunas cláusulas que a mí me preocuparon, como por ejemplo porque estaban a entera discrecionalidad del defensor, el jerarca, y eso lo reformamos, eso se reduce al máximo. Antes yo podía nombrar a alguien a dedo, esto se elimina”, explicó Solano.
Añadió: “No es cierto que no se les diera la oportunidad de hablar a los funcionarios. Fui dirección por dirección antes de emitir el acuerdo para conversar detenidamente con todos los funcionarios, nadie puede decir que eso salió sin que nadie se diera cuenta”.
También dijo que el estatuto de nombramientos anterior, aprobado en 2007, tenía una serie de debilidades que lo hacían discriminatorio y que la nueva norma “incluye una obligación a Recursos Humanos para que se difunda entre poblaciones históricamente discriminadas una invitación para participar en estos concursos”.
“El sistema era bastante si se quiere perverso en el sentido de que no permitía participación abierta. Para entrar a la Defensoría podía entrar como interino, un interinazgo o una posición para la que no se daba ninguna publicidad, y una vez interino era el único que podía participar en una plaza.
Eso generaba, junto con la discrecionalidad que se le daba al defensor, un riesgo de independencia para la institución importante. No digo que la institución no fuera independiente, pero se abría un portillo para diay, nombrar a dedo y violentar el principio de idoneidad.
Además es una falta de respeto para los profesionales de esta institución que son altamente idóneos que se permitiera alguna designación a dedo”, expresó.
Solano reiteró que en el nuevo estatuto “además se plantea un transitorio. Todas las personas que en este momento están interinas van a tener un concurso interno tal como se hacía anteriormente, por lo que no se ha violentado ningún derecho a nadie”.
Aseveró que antes de su aprobación final el documento fue conocido por los funcionarios, a los cuales se les invitó a presentar los comentarios correspondientes.
“El Sindicato, contrario a como lo hacen los otros sindicatos, en ningún momento ha solicitado reunión con la administración. El único objetivo del Sindicato es establecer un sistema anterior que permita la designación a dedo. ¿Quién pierde con este cambio? Pierden quienes no quieren una institución completamente independiente”, afirmó.
Pero las declaraciones dadas en dicho sentido por Solano fueron rechazadas por Federico Monge, vocero del Sidef, quien manifestó que la defensora acudió a informar a varias direcciones sobre los cambios.
Al mismo tiempo reseñó que se mantiene la discrecionalidad del jerarca de escoger a los funcionarios, pues las apelaciones presentadas deben ser resueltas por el defensor o instancias que dependan de dicho despacho.
“Ella pone dentro de los considerandos para justificar la reforma que está muy preocupada porque el jerarca tiene mucha discrecionalidad, con el documento nuevo ella tendrá más discrecionalidad.
Es decir, la defensora es la que nombra un representante del despacho para que la represente en el grupo que va a definir el concurso, Recursos Humanos y un representante de la dirección donde eventualmente va a trabajar.
Allí ya hay una línea directa de la defensora de alguna manera. En caso de un recurso o apelación la que define es la defensora”, agregó.
Sobre la participación de las “poblaciones históricamente discriminadas”, para Monge el nuevo estatuto no logrará dicho efecto.
“Las poblaciones históricamente excluidas y vulnerabilizadas tienen una gran posibilidad de que queden excluidas desde el inicio en los procesos de nombramientos o ni siquiera pasar a la siguiente fase, que es entrevista.
Eso es lo que nos preocupa y que más bien el instrumento propuesto no garantiza, todo esto se le hizo saber a ella y aún salió con el mismo modelo que impulsó”, finalizó Monge.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
CRÉDITOS: Foto: David Barrantes
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Sábado 28 Mayo, 2016
HORA: 12:00 AM
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