Consulta popular y constituyente
Miguel Guillén S.*
Ni en la clase política, ni en la Asamblea Legislativa existen condiciones para decidir si se convoca a una nueva constituyente. Pueden y deben orientar el proceso, hacer sugerencias, por supuesto, pero la decisión debe ser del pueblo en su condición de soberano por antonomasia y en referéndum.
Una reforma integral pero parcial. El expresidente de la Asamblea Legislativa, don Francisco A. Pacheco, en la apertura del más reciente congreso de la Uccaep señalaba la conveniencia de limitar una posible reforma de la Constitución Política a ciertos artículos para lograr mejoras en la estructura política del país, en las instituciones y, particularmente, para perfeccionar los vínculos entre los supremos poderes, todo con el fin de hacer más eficiente la vida estatal. Lo anterior constituiría una alternativa a la revisión general de la Constitución.
Las razones para evitar la reforma total de nuestra carta fundamental son al menos dos. En primer lugar nadie querría poner en riesgo garantías esenciales de que gozamos los costarricenses y que forman parte de un modo de vida alcanzado con mucho esfuerzo a lo largo de nuestra historia. Hemos logrado puntos de equilibrio que no conviene alterar. La segunda razón es que, precisamente por haber logrado ese equilibrio, la sola posibilidad de perderlo nos lanzaría a una interminable polémica que daría al traste con el proyecto. Nada más piénsese lo que sería someter a discusión nuestro régimen de propiedad privada.
Cuando hablamos de falta de funcionalidad, de eficiencia y de armonía entre nuestras instituciones y entre los poderes de la República hay que reflexionar por ejemplo en la Sala Constitucional, su vínculo polémico y muchas veces enrevesado con la Asamblea Legislativa. Es necesaria también una reflexión acerca de la Contraloría General de la República y los constantes reclamos sobre sus excesos, igualmente sobre los salarios desproporcionados que reciben algunos funcionarios, también sobre la reorganización y cierre de algunas instituciones que ya no cumplen con su cometido para el que fueron creadas.
Según explicó don Francisco A. Pacheco en la actividad de Uccaep, el hoy desaparecido expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora, sugirió a la Junta de Notables creada en el gobierno de doña Laura Chinchilla que una constituyente debería ser producto del mandato popular dado por vía de un referéndum que marcara límites en los aspectos susceptibles de modificación. Es decir, que el soberano fijara los márgenes de acción de la Asamblea Constituyente convocada al efecto.
Una nueva Constitución Política exige aportes técnicos y políticos del más alto nivel. Sin embargo demanda hoy participación amplia y democrática desde sus etapas originarias, dentro de lo que es razonable y posible. Ya no es asunto de unos pocos decidiendo por todos y no debe ser usado para alcanzar protagonismos vacuos con objetivos politiqueros. Someter a consulta popular este y otros temas nacionales contribuiría positivamente a reforzar la confianza de los electores en las virtudes de la democracia, a que las instancias de decisión y sus integrantes recuperen legitimidad, contribuirá a retomar las ventajas de ser parte de la vida cívica de nuestro país, permitiéndole a la gente apropiarse de su destino colectivo.
*Abogado
