La disputa entre dos empresarios por una frecuencia radial lleva 9 años en un proceso que pareciera interminable, en el cual una de las partes critica fuertemente a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) por supuestamente no cumplir sus funciones como debería, y a raíz de ello el problema se agravó.
El señor Marco Alfaro obtuvo la concesión de la estación 105.9 FM por un lapso de 12 años, pero desde que adquirió ese derecho no ha podido explotarla a placer por el supuesto atrevimiento de una emisora pirata que invade su espacio en el espectro.
Juan Manuel Campos, consultor jurídico en regulación de telecomunicaciones, de la compañía Ciber Regulación, junto a su compañero Andrés Oviedo, quienes representan a la emisora que tiene la concesión de la frecuencia, visitaron DIARIO EXTRA para contar el martirio que el empresario Alfaro ha sufrido.
A ellos los acompañó Johnny Barboza, jefe de producción de la radio, que también abarca la emisora 91.1 FM y conoce el problema desde sus orígenes.
Actualmente en la frecuencia 105.9 FM hay interferencia entre las estaciones Radio Urbano y los concesionarios de la frecuencia.
¿Cómo y por qué empezó el problema?
- Juan Manuel Campos: Todo empezó con una alianza estratégica, vimos una buena oportunidad. El tipo de Radio Urbano empezó a incumplir lo que se había pactado, sagazmente se fue para donde un juez amigo de menor cuantía, el juez nos aplica unas medidas cautelares a nosotros que somos los concesionarios y nos demanda, entonces nos dicen que no podemos usar la frecuencia mientras se investiga. Yo tengo una declaración jurada de un exsocio, donde juró ante un notario público que el gringo le pagó al juez, al que llama hasta ladrón. El negocio termina mal, porque el señor tenía la noción que había pagado para comprar una radiodifusora, diciéndole a Marco Alfaro que le había vendido la estación y se llevó a los tribunales. El concesionario nunca estuvo en duda según la sentencia de última instancia en Casación, sin embargo siguieron explotando la frecuencia a su antojo. A ellos se les abrió un proceso ordinario sancionatorio, por utilizar una frecuencia sin concesión pero eso sigue sin resolverse.
El año pasado Sutel les ordenó a quienes estaban en la frecuencia que debían dejar de operar pero todo sigue igual. ¿Qué acciones han tomado?
- Johnny Barboza: Cuando nos dijeron que podíamos emitir la señal encendimos el transmisor, varios concesionarios empezaron a llamarnos, porque cuando hay dos transmisores en una misma frecuencia ocasiona armónicas que caen en otras frecuencias y eso ya provoca problemas con las demás; entonces más bien provocamos problemas con otras emisoras con las que tenemos muy buena relación y la idea no es interrumpir la señal de nadie.
¿Cómo explicarle a la gente que pese a existir resoluciones, el concesionario del espacio sigue sin poder operar?
- Andrés Oviedo: El Estado debería tener la facultad de recuperar una frecuencia a la mayor brevedad posible, lo que molesta es la lentitud del Estado, como los radiodifusores son concesionarios del espectro radioeléctrico, también lo son las empresas de servicios móviles. Me gustaría ver qué ocurriría si a alguien se le ocurre meterse a operar con las antenas de Telefónica, Claro o del ICE, ¿tardaría también Sutel dos años en abrir un proceso? ¿Qué harían esas empresas contra el Estado? Porque si yo tengo una concesión eso es título para que yo lo pueda explotar, han pasado 12 años que no ha podido operar como se debe. No logro entender cómo en un parque nacional como el Irazú, el Estado le permita a través de un tercero interrumpir mi transmisión, además que no tienen concesión radioeléctrica y están lucrando con un bien del Estado.
Conocemos que como este hay muchos casos en el país. ¿Cómo se le puede denominar a este fenómeno que ataca a las radios legales?
- Juan Manuel Campos: El caso de don Marco Alfaro es uno de los más de 100 que hay actualmente en materia de uso de estaciones radioeléctricas de forma ilegal, la mayoría en zona rural. Lo más grave es que los contratos de concesión que se otorgaron a partir del 2004 por un plazo de 20 años y en nuestro caso todo este tiempo el concesionario no ha podido explotar su frecuencia como debe ser. Esto es peyorativo, a lo que sería un precarista en el aire, hay que simplemente montar estaciones y se mete donde haya campo. El gran ganador de todo esto son las redes sociales, produciendo un cambio significativo porque el oyente tradicional prefiere las redes sociales para informarse, pero no contribuyen con el Estado.
¿Cuánta cuota de responsabilidad tiene Sutel en esta lentitud del proceso?
- Johnny Barboza: Mucha responsabilidad. Los procesos administrativos que lleva la Sutel son de tortuga de diésel. Los tipos con los que tenemos el problema de la frecuencia estuvieron en Rohrmoser, después en La Uruca, al siguiente mes se fueron para Paseo Colón, tuvieron el descaro de estar a 200 metros de donde tenemos nosotros la radio en Zapote y ahora están en Curridabat, donde pusieron una dirección y lo que hay es un parque, es decir están escondidos. Entonces si yo sé de todos esos movimientos, ¿cómo la Sutel no los conoce y no se mueve con el caso?
¿Qué tan sencillo es meterse ilegalmente a operar en una frecuencia?
- Johnny Barboza: Hoy 8 años después estamos pagando planilla, pagando a la CCSS, pagando impuestos, pagando patentes y todo lo que exige la ley y hay otra persona que simplemente quiere poner una radio y se pone a lucrar porque las leyes no se mueven, así de fácil.
- Andrés Oviedo: Pero no solo eso, si firmo un contrato con alguna empresa que quiere exponer su marca y se ofrece con una radio con todas las de la ley, además indico que las pautas van a ser difundidas a nivel nacional y no cumplo porque voy por la Zona Sur, y se mete otra emisora en la señal donde debería salir mi pauta, me pueden demandar por no cumplir con el contrato. ¿Y eso es culpa del concesionario? No, ¿entonces qué hace uno en ese caso? Si yo acuerdo pautar 20 cuñas y no se escuchan, quien las está pagando se viene contra mí, entonces se empieza a caer la publicidad en mi emisora que está legal.
¿Cómo sobreviven estas emisoras si se supone que los mejores ingresos provienen de la publicidad?
- Johnny Barboza: Siempre pasa por un filtro pero el Gobierno está pautando en emisoras ilegales, entonces no creemos que el filtro sea tan bueno. Cuando yo me di cuenta que el MOPT estaba pautando con la emisora 105.9 FM, que está de forma ilegal, y nosotros pagando a la Caja y todo lo que pide la ley, uno no sabe ni qué pensar. Hay momentos en que a uno le dan ganas de mandar todo al carajo porque prevalece la injusticia. Estamos llegando al momento en que los pendejos trabajan con derechos, los que estamos a derecho tenemos que ofrecer disculpas.
¿Además de las operaciones piratas, existen clandestinas a nivel de espacios para instalar torres?
- Juan Manuel Campos: Hay una acción permisiva del Estado de entregar concesiones a gente que no tiene concesión radioeléctrica en el volcán Irazú, eso es muy grave porque se están instalando en un parque nacional emisoras clandestinas y el Estado no hace nada. Esa acción da una ruta en el tema de cómo se explotan las frecuencias y cómo se maneja lo que ellos denominan libertad de expresión. Hay modelos muy similares de izquierda en otros países de Latinoamérica y nos lo están metiendo a la fuerza.
¿Existen grupos criminales detrás de estas operaciones piratas en la radio?
- Juan Manuel Campos: Ante los controles para el control de narcotráfico resulta sospechosa la proliferación de emisoras clandestinas, pues podrían estar eventualmente facilitando la comunicación del crimen organizado y el Estado omite esto. ¿Cómo entraron los equipos, quién los trajo, cuándo se nacionalizaron? Es un tema que debería preocuparle también a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional.
¿Saben si además tienen alguna otra ilegalidad en su operación?
- Johnny Barboza: Esta empresa First Fax Data le debe ¢8 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social, pero no solo a ellos, también a un montón de gente donde se ha instalado y se va sin pagar. Además detrás de todo esto hay un mercado negro de transmisores y equipos.
¿Necesitamos nueva legislación para tener soluciones más rápidas o hay ineficiencia de las autoridades respectivas?
- Andrés Oviedo: Este tema no se arregla con una nueva Ley de Radio, ya los mecanismos están, estamos hablando del cumplimiento de la actual. Porque se van a aprovechar muchos diputados a querer meter una nueva ley con esa justificación y diciendo que están poniendo todo en orden, cuando no hay eficiencia en las instituciones que deben aplicar la ley.
PERIODISTA: Carlos Castro Gamboa
EMAIL: [email protected]
Jueves 21 Abril, 2016
HORA: 12:00 AM
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