Las reacciones no se hicieron esperar alrededor de la publicación hecha por DIARIO EXTRA y tras la denuncia sobre el aparente sobreprecio que cobraron a los cubanos para salir del país.
Trascendió por parte del gobierno que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) fue la única responsable de la elección de los vuelos pese a que saldría más costoso en comparación con la oferta de otros turoperadores.
El gobierno se lava las manos diciendo que no tuvo injerencia en la contratación de la empresa Terranova y tampoco ha supervisado nada sobre la venta de los paquetes.
Consultado sobre el proceder del Ejecutivo, el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, explicó que alrededor de todo este escándalo hay muchas nebulosas que tendrían que despejarse cuanto antes.
“Nos deja enormes interrogantes, situaciones que deben ser aclaradas porque se asemejan a licitaciones cuyos carteles se hacen a la medida del oferente que se quiere gane la oferta y eso suele pasar en la administración pública, sin decir que este sea el caso. Nos parece que la sacrosanta libertad del comercio fue atropellada, los derechos humanos de los cubanos fueron atropellados y se les impuso una determinada opción comercial en lugar de otra opción que les favoreciera más allá de irse.
Los empresarios de la empresa Terranova, beneficiaria y propiedad de la señora Giovanna Jiménez, quien es hija de un empresario corporativo mediático de este país, deberían de explicar por qué esos precios, al fin el tema es público. La señora Jiménez debería llamar a una conferencia de prensa, diciendo a la ciudadanía cómo fue que participó, cuáles fueron las calidades técnicas de su oferta, que aún siendo más caras que la competencia, finalmente la empresa que representa la obtuvo”, destacó Vargas.
Según el secretario de ANEP todo lo anterior es fundamental por la transparencia de los procesos, pues no es la primera vez, “ni creo será la última en que el negocio, el lucro, se impondrá sobre las cuestiones humanitarias”.
Para Vargas es inaudito que no se dé información por parte de la OIM, especialmente entendiéndose como un organismo adscrito a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y que más bien deberían poner en la mesa los expedientes de la negociación, de la tramitación para que los ciudadanos accedan a la documentación de “¿qué se manejó?, ¿cómo se manejó?, ¿o cómo se procesaron los términos de referencia, los términos de contratación, los parámetros que se usaron para darle la contratación a una empresa en detrimento de otra? Y parte sin novedad, pues se viene pregonando transparencia de arriba para abajo todo el tiempo y en esta situación es más que necesario”.
El dirigente sindical repudió la posición de Manuel González, canciller de la República, que habló en nombre del gobierno, “es una posición inconsecuente desde el punto de vista del manejo de derechos humanos y que involucra las relaciones internacionales donde se involucra otros estados.
Me parece que si funciona así el gobierno estaría cediendo soberanía, renunciando a su majestad imperio para controlar todas las actividades de todas las entidades en suelo nacional y podría incumplir el principio de legalidad, donde el Estado de Derecho lo tiene el gobierno elegido por voluntad soberana del pueblo y el Estado de Derecho por tanto no lo puede regalar, ni prestar, ni otorgar ni conceder a tan mano suelta”.
AMENAZA DEL CANCILLER
Lo peor del caso es que cuando arrancó todo este conflicto en noviembre del 2015, el discurso de las autoridades gubernamentales fue que no había plata para deportar a los isleños y por eso se tuvo que ir al SICA para buscar la ayuda y había que crear un corredor humanitario con el fin de sacarlos.
Pero este martes Manuel González lanzó lo que podría suponerse la amenaza a los cubanos, si no se montaban en los aviones, el gobierno revocaría las visas, lo que los dejaba como ilegales dispuestos a ser deportados.
Acá entonces cabe la pregunta realmente de si era un tema de deportación como se dijo al principio o se trata de una cuestión comercial para que se vayan en las condiciones que dispuso el gobierno, pues pareciera que González sí tenía la plata para revocar las visas y extraditarlos. Por lo anterior Vargas dijo: “El Canciller sonó como el relacionista público de la empresa Terranova, porque conminó a los cubanos 'o se suben a este avión o los deportamos', pero quién sabe a dónde, porque nadie los quiere recibir”.
El secretario general de ANEP concluyó indicando “que el Canciller tuvo una actitud muy soberbia, a lo mejor quedó en evidencia su torpe manejo en esta situación y a lo mejor el Canciller debe más explicaciones de cuál fue su enlace con la OIM”.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica solicitó desde hace tres días a las encargadas de prensa tanto de Cancillería, Melissa Durán, como de Presidencia, Stephanie González, la entrevista con Manuel González, pero por medio de una llamada telefónica se indicó que los detalles del viaje de los cubanos fueron abordados el martes en Consejo de Gobierno.
PERIODISTA: Alexander Méndez
CRÉDITOS: Foto: José Venegas
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Jueves 11 Febrero, 2016
HORA: 12:00 AM
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