La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denuncia que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ha pagado ¢100 millones en costos de procesos para no cumplir con el pago de incentivos de alto riesgo a oficiales de la Fuerza Pública.
De acuerdo con el Mainor Anchía, representante de la seccional de la Fuerza Pública, el alto riesgo es un incentivo salarial que se contempla dentro de la carrera policial y fue creado el 10 de abril de 2000.
Sin embargo, según Anchía, se creó una línea de desigualdad, por cuanto se inició el pago de este incentivo a unos y se le denegó a cientos de oficiales de la Fuerza Pública, “esto contrario al principio de igualdad que establecen la Constitución Política y el Código de Trabajo en materia laboral”.
Ante esta situación la ANEP solicita a la Procuradora General de la República, que estableciera un proceso de diálogo con las autoridades involucradas para buscar la conciliación administrativa y el pago de este derecho en sede administrativa y maximizar con ello los recursos. Sin embargo, según Anchía, la Procuradora no mostró interés en el tema y se limitó a responder que las decisiones deben tomarlas la administración activa, y no la institución, que tiene carácter de representante judicial, aseveró el representante sindical.
“No concebimos, que se prefiera el pago de sumas onerosas, por concepto de alto riesgo con indemnización de intereses y las costas procesales, en momentos que se habla de déficit fiscal, y que no se atienda oportunamente nuestra propuesta de conciliar y evitar con ello los procesos legales que resultan como dijimos, onerosos para el Estado”, finalizó Anchía.
Por su parte la viceministra de Seguridad Pública Bernardita Marín, indicó por medio de un comunicado que han gestionado para que todos los funcionarios policiales que están expuestos a altos niveles de riesgo, tengan el mismo derecho y reciban el incentivo en mención, sin embargo, argumentó que la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) no ha autorizado el pago para la totalidad de los policías, lo que ha originado diversos juicios.
Lo anterior ha originado dos vías para cancelar este incentivo, la primera de es reconociéndoselo a los funcionarios a los que les corresponde según el acuerdo tomado por la STAP, mientras que la segunda vía es la judicial.
Marín indicó que por la vía judicial han cancelado este año ¢28,7 millones a los policías cuyos casos han sido resueltos.
La funcionaria agregó que, por planilla ordinaria, cada mes el Ministerio paga en promedio ¢92 millones en cuanto al incentivo de alto riesgo a los policías que tienen asignado el citado rubro.
Acerca de las costas procesales en las que se ha visto obligada a incurrir Seguridad Pública, la funcionaria indicó que a raíz de los juicios citados, habría que revisar cada expediente específico, verificar qué monto corresponde al pago por el concepto en mención y calcular el monto pagado por costas.
