“Es una sesión histórica, tanto por el contenido como por la importancia de la legislación que se ha aprobado y el largo camino que se ha recorrido para llegar”, esas fueron las palabras del jerarca de la Asamblea Legislativa, Rafael Ortiz, minutos después de que lograran aprobar en primer debate el nuevo Código Procesal Laboral, un proyecto de ley que llegó al Congreso desde el 2005 y tiene bajo su sombra un tramite atípico.
En el 2012 ya había sido aprobado como Ley de la República, pero una resolución de la expresidenta Laura Chinchilla determinó vetar la legislación, ya que autorizaría las huelgas a trabajadores en servicios públicos esenciales, entiéndase: hospitales, policía o puertos, por ejemplo.
En un segundo intento por revivirlo el mandatario Luis Guillermo Solís, en medio de una gran controversia, levantó el veto en diciembre del 2014, pero para agosto del presente año los magistrados declararon inconstitucional la acción.
“Luchamos muchos años para lograrlo, lamentablemente los intereses nos obligaron a vetarlo, por lo que se perdió valioso tiempo para la clase trabajadora y ahora al volver a la idea original se logró consenso”, expresó la diputada y exministra de Trabajo, Sandra Piszk.
ACUERDO POLÍTICO
La construcción de un consenso entre los 9 partidos políticos con representación en el Congreso logró -como resaltan los mismos legisladores- que el “multipartidismo de forma madura da réditos”, en palabras del diputado Gonzalo Ramírez.
“Ha sido un proceso muy arduo, lo más importante es la construcción de confianzas políticas, se está viendo resultado que no había tenido ninguna asamblea en muchos años. Tiene que haber ánimos de todas las fracciones para sacarlo, porque si no un solo diputado se hubiese encargado de boicotear este proyecto; sin embargo, a pesar de que en otras partes ha habido confianza suficiente, ha costado año y resto conocernos. Igual no ha sido un camino de rosas”, indicó el legislador Edgardo Araya.
Cada jefe de fracción presumió del acuerdo, proyectando que mantendrán ese espíritu para los dos años que les restan en el Congreso.
NUEVO CÓDIGO
La nueva norma fue aprobada por 44 diputados de 45 presentes, solo el legislador del Frente Amplio, Carlos Hernández, lo votó en contra.
Entre sus aspectos más fundamentales figura que los juicios laborales dejarán de extenderse de 5 a 10 años, ya que se aceleran los procesos con procesos orales. Los empleados con limitadas condiciones económicas y personas menores de edad tendrán derecho a la defensa pública.
Además, los empleados podrán exigir que en caso de despido se les indique de forma explícita en la carta la razón del cese, si no lo hace y demanda a su empleador, este ya no podrá alegar causal del rompimiento.
“El trabajador podrá escoger dónde demanda, protege al empleado contra la discriminación, un juez tutelará los derechos irrenunciables, los juicios serán resueltos en semanas, además ampliará las medidas cautelares”, detalló el Partido Liberación Nacional.
Si bien para llegar al acuerdo excluyeron el tema de huelgas en servicios esenciales se regula este derecho de los trabajadores, por ejemplo los jueces tendrán tres días para determinar si es ilegal.
“El porcentaje de apoyo necesario para la huelga quedó en un 35%; en el Código de Trabajo actual estaba en 60%, la Sala Constitucional había eliminado ese artículo porque consideraba que era abusivo, quedaba a la interpretación de cada juez. Si una huelga se declara ilegal se le da un plazo a los trabajadores de 24 horas para reintegrarse a sus labores, sin que eso signifique ningún tipo de represalia o consecuencia. El Código de Trabajo actual establece que declarada la ilegalidad de la huelga, inmediatamente se dan por terminados los contratos de trabajo”, explicó Araya.
Los diputados dispusieron el lunes aprobarlo en segundo debate y así convertirlo en Ley de la República.
