El llamado de atención que lanzó a Costa Rica la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su último informe incluyéndola entre lo países que aumentaron los límites al acceso de la información pública y transgreden el ejercicio del periodismo, provocó primeramente una actitud irreverente del presidente Luis Guillermo Solís, quien minimizó y rechazó los resultados.
El Gobierno ahora se levanta contra el informe intentando desmentir las conclusiones. En la figura del ministro de Comunicación, Mauricio Herrera, argumenta a través de la solicitud de un derecho de rectificación:
“La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no ha reconocido que haya 'censura a la prensa tica' y tampoco ha reconocido que haya 'acoso y límites' a los medios costarricenses como lo publicó el DIARIO EXTRA el pasado 7 de octubre”.
Herrera sostiene lo anterior pese a que en la conclusiones de la SIP -tras la Asamblea General que se celebró en Charlestone, Carolina del Sur, EE.UU.- se cita textualmente:
“Es que ningún país de América está a salvo de la corriente censuradora que se extiende como inmensa mancha de aceite. Ello ocurre inclusive en países tradicionalmente garantistas de la prensa libre y en algunos casos bajo el paradójico argumento de promover mayor pluralismo, de garantizar el derecho al olvido o de poner freno al 'discurso del odio'. Esto, sumado al avance de sicarios del narcotráfico y pandillas urbanas, genera riesgos para las libertades ciudadanas y las de expresión y prensa en particular; por ende para la consolidación de la democracia en el continente”.
El Ministro, a quien diputados y medios de comunicación nacional le han cuestionado por propiciar actos que atentan contra la libertad de prensa, resalta como un gran logro que la SIP reconozca que en Costa Rica se descartó “un proyecto de ley de radio y televisión que atentaba contra empresas privadas y la libertad de prensa”; pero el jerarca ignora que fue precisamente por la presión, esfuerzo y oposición de medios nacionales que se detuvo el avance de la iniciativa.
Herrera insiste: “Mis acciones y las de este gobierno no se separan en nada de las normas establecidas por los estándares interamericanos de libertad de expresión y los principios de la Declaración de Chapultepec, promovida por la SIP, que este gobierno suscribió con gusto el pasado 4 de mayo en el marco de la visita de una misión de dirigentes de tan respetable entidad”.
Pero nuevamente, contrario a lo señalado por el titular, el informe de la SIP concluye:
“Las limitaciones al acceso a la información en poder del Estado se acentuaron en Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.”
El Ministro tachó de falso el informe que realizó Costa Rica ante la SIP, indicando que fue desarrollado por el Grupo Extra, mostrando desconocimiento que dicho informe responde a la posición de diversos medios de comunicación y actores que dan cuenta de las limitaciones que se viven en el país.
No contento con tales manifestaciones, el funcionario también resta importancia al mentado organismo diciendo: “Los informes que se presentan ante ella son los que llevan sus empresas asociadas y solo representan sus puntos de vista, mientras que las valoraciones o conclusiones de la organización no son de acatamiento para gobiernos u otras organizaciones. Esta entidad no debe ser confundida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que sí son entidades intergubernamentales del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el marco de la Organización de Estados Americanos, y cuyas decisiones sí son vinculantes para los estados miembro, especialmente en el caso de las sentencias de la CorteIDH”.
El mentado derecho de respuesta busca además reivindicar su posición como ministro y justificar sus acciones, mismas que originan las quejas de varios medios y que hoy son investigadas en una comisión legislativa.
Ricardo Lizano, ex vicepresidente de C.R. ante SIP:
“El informe reúne quejas de
medios de comunicación”
El Gobierno atribuye el informe de Costa Rica en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como una opinión exclusiva del Grupo Extra, lo anterior es desmentido por el representante ante este organismo: “El informe es el resultado de las informaciones suministradas en su mayor parte por los directores de medios de comunicación más importantes; de la recopilación, como se hace siempre, de los puntos o quejas que emiten los directores o jefes de información de los medios de comunicación de Costa Rica”.
William Méndez, periodista y politólogo:
“SIP avala y acuerpa
informe de C.R.”
William Méndez, periodista y experto en política, también cuestionó la posición del Gobierno, pues sostiene que es claro que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) no sólo avaló el informe que presentó Costa Rica, sino que lo respaldó. “La opinión de Gobierno es una opinión parcializada, está defendiéndose de una serie de acusaciones que están debidamente probadas todas y cada una de ellas. El Gobierno no puede tapar el sol con un dedo; lo que tiene que hacer es cambiar su actitud, que lo pone entre los gobiernos que violan los derechos humanos. La SIP da por aceptado el informe de Costa Rica, lo avala y lo acuerpa; le llama la atención a Costa Rica para que deje de violar la libertad de expresión o que deje de atentar contra la libertad de expresión.
Decir eso de la SIP es desconocer la lucha por la libertad de expresión en América Latina, el que salga con este argumento es una falacia imperdonable y un desconocimiento absoluto sobre la materia. Es obligación de todos los periodistas denunciar cualquier acto que atente contra la libertad de expresión, este es el trabajo del periodista: denunciar sin límites, sin temor, porque para eso somos comunicadores”.
Rolando González, diputado PLN:
“Soy testigo de los abusos”
Rolando González, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), quien ha tenido que recurrir a medidas legales para poder accesar a información pública, criticó la actitud del Gobierno de intentar desconocer los resultados de la SIP. “Soy testigo de primer orden de los abusos que ha habido en cuanto a la libertad de prensa por parte de autoridades del Partido Acción Ciudadana (PAC) y del Gobierno, si eso no fuera cierto no habría la cantidad de recursos de amparo presentados por distintas fracciones, principalmente por este diputado, ni existirían las sentencias positivas en contra del Gobierno que han ido aconteciendo. Esto es un testimonio documental de que sí ha habido un agravio, una lesión, una interpretación torcida de lo que son las relaciones diáfanas con la prensa y se agrava con un hecho que han mantenido oculto; el código de ética del PAC establece explícitamente que se le debe dar facilidad y transparencia a la prensa para el desempeño de sus labores. El Presidente de la República no se puede desentender de eso por su investidura, porque fue el candidato presidencial del PAC y sacó la bandera de ese código de ética”, manifestó González.
