La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) no descarta elevar la defensa de la convención colectiva ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en caso de no tener una respuesta satisfactoria de los magistrados de la Sala Constitucional.
Es porque según explicaron la presidenta ejecutiva Sara Salazar y Mayid Brenes, director de Asuntos Jurídicos, la convención colectiva constituye fuerza de ley y por ende debe ser acatada en su totalidad.
En agosto pasado la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) le rechazó a Recope una solicitud de aumento ordinario, en la que pretendía un incremento de ¢9 por litro para todos los combustibles, porque dentro de la petición involucraba gastos de la convención colectiva y otros que a criterio de la entidad reguladora no deben incluirse.
Por eso la Intendencia de Energía no le reconoció a Recope gastos por ¢20.363 millones, de los cuales ¢4.784 millones corresponden a la convención colectiva.
Entre los rubros convencionales excluidos por la Aresep se encuentran el servicio de soda, el cual ascendía a ¢605,3 millones; el fondo de ahorro, el cual estaba calculado en ¢3.159 millones; ¢784,1 millones correspondientes a gastos administrativos por dicho fondo; y ¢12,1 millones para el convivio de fin de año.
Brenes explicó que desde que Aresep era el Servicio Nacional de Electricidad (SNE), y después de su transformación a Autoridad Reguladora, siempre se le había reconocido a Recope el pago de la convención colectiva vía tarifa, por lo que la resolución RIE-091-2015, del 21 de agosto anterior, “marca un hito histórico en el tema regulatorio”.
Ante esta situación tanto el Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (Sitrapequia) como la propia administración interpusieron un recurso de amparo contra la resolución y están a la espera de la respuesta.
“Si la Sala se decantara por un tema de legalidad, lo que tendríamos que hacer es acudir ante el Tribunal Contencioso y tratar de cuestionar la actuación administrativa de la Autoridad Reguladora y tratar de demostrar que sí hay una relación de los rubros de la convención colectiva con la prestación del servicio”, comentó Brenes.
Al respecto Salazar manifestó que la resolución RIE-091-2015 de Aresep vacía de contenido presupuestario a algunos rubros convencionales, lo que pone a la entidad en una situación complicada.
“Porque las convenciones colectivas tienen fuerza de ley y esos rubros están incorporados y están vigentes en la convención colectiva y como son fuerza de ley hay que acatarlos. Además la Autoridad Reguladora es el ente que regula a la institución y también tiene un carácter vinculante sus determinaciones. Hay una complejidad en la que se encuentra Recope para conciliar dos obligaciones que tiene”, expresó.
DIARIO EXTRA le consultó si comparte la aseveración de la Aresep de que los rubros excluidos no forman parte del servicio público y la funcionaria respondió: “Yo lo único que puedo decirle es que la convención colectiva vigente tiene una serie de rubros que fueron acordados y que tiene fuerza de ley, por lo que la institución debe honrar esa fuerza de ley.
Si es o no parte del servicio público, yo prefiero reiterar esa obligación que tiene la institución de cumplir lo pactado entre las partes en su momento, por lo que la convención colectiva es la que es”.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
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Viernes 09 Octubre, 2015
HORA: 12:00 AM
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