Los diputados de oposición condenaron la propuesta que presentó ayer la ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, como acciones para reformar el sistema de empleo público, considerado como un disparador del gasto del Estado.
Sánchez como vocera del gobierno se armó con un documento de 28 páginas y detalló cómo en el país se han enraizado 14 sistemas distintos de empleo público, reconociendo la necesidad de plantearse una modificación en términos de calidad, equidad y austeridad. La jerarca concluyó como propuesta crear una comisión mixta, conformada por diputados y representantes del Poder Ejecutivo, que emita un dictamen en un plazo máximo de 6 meses y presente un proyecto de ley para cambiar el sistema de pago de anualidades.
Este incentivo se pasaría a llamar “evaluación por desempeño”, establecería un tope del 2,54% en todo el sector público, conformado por 305 mil trabajadores, y se pagaría solo a aquellos que reciban como calificación de su labor un “Muy bueno” y no “Bueno”, como en la actualidad. En ese análisis del desempeño se incluirían metas colectivas.
La Ministra también expuso acciones a corto plazo, destacó la presentación del proyecto de ley para poner tope a las pensiones de lujo con cargo al presupuesto nacional, apoyar iniciativas que frenen los salarios de lujo y denunciar y renegociar convenciones colectivas que establezcan privilegios abusivos.
LA ACRIBILLAN
Pero lo expuesto por la jerarca no hizo ni cosquillas a los legisladores, quienes la acribillaron. El diputado Antonio Álvarez Desanti fue el primero en preguntarle cómo su mayor propuesta era una reforma a las anualidades, cuando desde hace meses la diputada Sandra Piszk propuso una iniciativa en ese sentido, la cual no ha sido priorizada por la administración Solís.
Gerardo Vargas, diputado del Frente Amplio, criticó la pretensión de crear una comisión, cuando en “la práctica que tenemos es que quedan ahí, no llegan a nada”.
Otros legisladores resaltaron sus propias soluciones ante lo que definen una lentitud del gobierno. “Proponemos reformar los artículos 188 y 191 de la Constitución Política, de manera que las instituciones autónomas en lo que es empleo público tengan que sujetarse a una ley que defina el régimen de empleo público para todas las instituciones estatales. La mayoría de la plata que se paga en privilegios excesivos es en las autónomas”, indicó el legislador.
El diputado Rolando González cuestionó las contradicciones sobre si están anuentes a entrarle al sistema de salario único.
