El presupuesto nacional para 2016, entregado por el Poder Legislativo a la Asamblea Legislativa, contempla los recursos para los 18 ministerios, Asamblea Legislativa, Contraloría General de la República, Poder Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y Defensoría de los Habitantes.
La propuesta es revisada por los diferentes gremios sindicales, quienes externaron algunas de sus preocupaciones sobre los recortes que se ejecutaron a las carteras de Seguridad Pública, Salud y Agricultura y Ganadería.
Para Xiomara Rojas, representante del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), existe una gran preocupación en el Ministerio de Seguridad Pública porque con el recorte se afecta la parre operativa de una de las carteras más importantes.
“Con ese recorte no se va a poder arreglar una sola delegación policial, y mientras el narco va a tener dinero, Seguridad Pública, que debe tener porque es una policía preventiva, no va a poder ni reparar las delegaciones, que además se van a estar cayendo”, afirmó la sindicalista.
Rojas externó su preocupación por los recortes hechos al Ministerio de Salud, que se verá afectado en su parte de protección al medio ambiente.
Albino Vargas, representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), dijo que su gran preocupación es el deterioro que sufrirán los servicios públicos de los ministerios que atienden las necesidades de las poblaciones en condición de pobreza.
Vargas subrayó que le preocupa que los Cen-Cinai bajo la dirección del Ministerio de Salud sean afectados y que menos niños puedan recibir la atención en más centros, o bien que la razón de su porción de alimentos sea menos o de menor calidad por los recortes a Salud.
“Creemos que es un grave riesgo quitarle un cinco a la Fuerza Pública habiendo tanta comunidad en peligro por la delincuencia común, que hoy en día es muy agresiva, o por la penetración del narcotráfico”, declaró.
Gilberto Cascante, presidente de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), reconoció el esfuerzo del gobierno al no recortar en el Ministerio de Educación Pública porque se reconoce la importancia de invertir en educación.
“Es un presupuesto que aunque se sobrepasa el del año pasado, creemos que tiene cosas positivas y negativas que todavía tenemos que ir visualizando”, destacó Cascante.
Ana Doris González, presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), detalló que presentaron una acción de inconstitucionalidad porque desde 2012 se aprobó una reforma para que el presupuesto de Educación fuera el 8% de PIB, sin embargo eso no se ha cumplido y solo se otorga el 7,5%.
“La idea es que se cumpla con el mandato constitucional porque no es posible que se esté violando la Constitución descaradamente y que nadie haga nada para evitarlo”, sentenció.
Luis Chavarría, de la Unión de Empleados de la Caja (Undeca), manifestó a El Periódico de Más Venta en Costa Rica que les preocupa que diputados sin ningún conocimiento recorten recursos a los ministerios sin ninguna consulta ni investigación porque afectarán la calidad de los servicios que se brindarán a la población.
