El pasado 24 de agosto se llevó a cabo la asamblea para la escogencia de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, en el Colegio de Yeri.
Para el puesto de presidente se nombró al líder indígena Sergio Rojas Ortiz, quien estuvo detenido tras una serie de allanamientos por un presunto delito de administración fraudulenta de ¢554 millones.
Sin embargo, dicha escogencia sería en apariencia irregular y hasta ilegal, pues a Rojas Ortiz, tras su último arreglo judicial, se le mantenía la suspensión de acceder al puesto de presidente de la ADI de Salitre.
DINADECO
En razón que la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), le corresponde velar por el buen manejo de las asociaciones de desarrollo y al haber estado presentes en dicha asamblea bajo la supervisión del director regional, Daniel Mesén, hicimos la consulta de ¿por qué si hay una medida cautelar por parte de un juez de la República, se permitió que Rojas Ortiz asumiera la presidencia?
Gerardo Jiménez, encargado de la oficina de prensa, explicó que sí se sabía que había una medida cautelar al respecto “pero existe un tema de soberanía de la asamblea general de la asociación de desarrollo en lo que Dinadeco no puede intervenir”, adujo.
No obstante, al expresarle que la norma dice que Dinadeco es fiscalizador y tiene el poder de disolver lo actuado ante presunta irregularidad, corrigió y dijo que administrativamente se continuará con la investigación. Agregó que como todavía no se tenía el acta por parte de la ADI y esta tiene hasta 8 días hábiles para presentarla, hasta entonces ellos podrían actuar. Anticipó que posiblemente haya acciones de nulidad ante lo actuado por la asamblea.
Fue entonces cuando nos dijo que iba hablar con el encargado del departamento legal y después de hacerlo rectificó, indicando esta vez, “que las nuevas medidas no habían sido notificadas hasta ayer (antier) por el juzgado y lo que procede es el acto de nulidad sobre la escogencia del cargo del presidente, apuntó”.
Por el momento Dinadeco espera que se den acciones de nulidad, a lo que en todo caso la institución actuará de oficio esperando que llegue el informe Regional y el acta, para anular el nombramiento bajo la medida tutelada por el juez.
FISCALÍA INDÍGENA
Como el Ministerio Público es la entidad encargada de velar por lo ocurrido, máxime sabiéndose que se pudo irrespetar el mandato de un juez penal, hicimos la consulta para saber si la fiscal de Asuntos Indígenas, Ariadna Céspedes, tenía conocimiento de lo ocurrido. Mediante correo electrónico nos indicaron que Asuntos Indígenas tiene conocimiento de la situación (nombramiento como presidente del señor Rojas), sin embargo, se encuentra realizando la respectiva investigación para determinar la veracidad de la información. Agregan que en este momento procesal es imposible referirse al tema y a las gestiones e investigaciones que se realizan, por ser de carácter privado, conforme al numeral 295 del Código Procesal Penal.
PERIODISTA: Alexander Méndez
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Jueves 27 Agosto, 2015
HORA: 12:00 AM
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