El reconocido empresario limonense Gilberth Bell Fernández, conocido como “Macho Coca” recibe desde hace 10 años gasolina que el Gobierno de la República le da a los pescadores, pese a que las autoridades policiales sospechan que la está utilizando para realizar otras actividades.
Este hombre ha estado bajo investigación desde hace una década aproximadamente, sin embargo nunca le han podido comprobarle que se dedica a labores ilegales y más bien ha invertido su capital en negocios, terrenos, maquinaria pesada y todo tipo de vehículos que le administran sus allegados.
Gustavo Meneses, presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) aseguró a DIARIO EXTRA que este sujeto obtiene el beneficio del combustible.
“Efectivamente participa del beneficio de la subvención de combustible desde el año 2005 cuando adquiere la licencia de pesca, actualmente tiene cuatro permisos para palangue. No precisó si todas las tiene funcionando actualmente ni la cantidad de combustible que le dan, ya que se tiene que hacer un estimado de tiempo de faena que hace”, explicó.
Meneses agregó que es un contrato que existe, no puedo investigar a las personas, no valoramos la calidad de vida de ellas. Las medidas cautelares caen sobre el muelle que se allanó y no sobre las embarcaciones que tiene, si la fiscalía nos ordena que se le abra un procedimiento administrativo lo hacemos”, acotó
El Periódico de Más Venta en Costa Rica rebuscó algunos de los bienes que tiene registrados a su nombre “Macho Coca”, donde se verificó que posee yates, motos, carros y maquinaria pesada, entre otros.
EMPRESAS
El último patrono de “Macho Coca” fue Araya Bougle Andría Excavaciones Araya, donde ganaba un salario promedio de ¢500 mil mensuales, entre los años 2012 y 2013, para un total de 5 años y 4 meses aproximadamente que trabajó para dicha empresa.
Otra opción laboral que registra este empresario fue la Asociación Pescadores Independientes, donde prestó sus servicios de forma interrumpida. El primer año fue en el 2008, donde estuvo 1 mes; para el 2009, 10 meses; en el 2012, estuvo 3 meses; mientras que en el 2013, 11 meses y dos años después, trabajó 1 año y un mes.
El último registro fue en Corporación Atlántica Bell Araya Sociedad Anónima, donde estuvo entre el 2008 y 2009 y también ejerció el puesto de secretario.
VEHÍCULOS
“Macho Coca” tiene registrado un sólo vehículo de carga pesada, donde se presume utiliza en fincas de Limón para sus trabajos de movimientos de tierra.
Pero no solo carros pesados, sino de lujo y costosos como el Volkswagen Amarok 4x4 color negro con un valor de hacienda de casi ¢26 millones.
Además un cuadraciclo Yamaha 4x4 con un precio de más de ¢4 millones, una plataforma; un semiremolque con un valor de Hacienda de ¢100 mil y 3 buques llamados Johanna, Dos Hermanos y Tormenta VII, todos dedicados supuestamente para la pesca en la capitanía de Limón.
Sin embargo en Puntarenas registra dos embarcaciones, una de nombre Tormenta Perfecta II dedicada al parecer para la pesca comercial y la otra Challenger, con un valor de hacienda de ¢1 millón.
ACTUÓ POR DENUNCIA
Tras la denuncia echa por la Asociación Nacional de Habitantes Costeros (Anhaco), sobre la ejecución presuntamente del desalojo de 7 personas de un muelle construido de manera ilegal en Portete, Limón, donde figura “Macho Coca”, DIARIO EXTRA hizo la consulta al Ministerio Público (MP), y la respuesta es que el sacar a estas 7 personas del lugar, inició con una “denuncia interpuesta ante el Organismo de Investigación Judicial, en diciembre del 2014, por parte de un jefe de Fuerza Pública, en la que señaló supuestas construcciones ilegales de varios muelles en el sector de Portete, Limón”, reza el documento.
Esta agrupación alega que no se podía sacar a esta gente aplicando una ley que no es retroactiva 6.043 de 1977, sobre la de 1961 que indica que las tierras desde Limón o Portete y 12 Millas al norte de la Ciudad fue traspasado al Instituto Costarricense de Turismo (ICT), en cuyo caso se deben indemnizar para sacarlos, pues tienen derechos posesorios al habitar ahí desde hace más de 10 años.
El MP argumentó que “el caso se encuentra en la investigación preparatoria, misma que ha revelado la inexistencia de permisos, concesiones o títulos de propiedad (ni antes ni después de emitidas las dos leyes marítimo terrestres) por parte de los siete imputados en relación con la zona donde han construido. Además, el sitio donde están los muelles es zona marítimo terrestre”.
Eso sí aclararon que lo actuado por la Fiscalía va “apegada a Política y a las leyes, y todas las diligencias realizadas se hicieron con la aprobación del órgano jurisdiccional (Juzgado Penal).
Precisamente, la etapa preparatoria de esta investigación es la que permitirá establecer –en grado de probabilidad- si las personas imputadas cometieron o no el delito investigado”, refiriéndose a la usurpación del bien público al apoderarse del muelle y la tierra.
