La conciliación a la que llegó la Procuraduría General de la República (PGR) con el empresario de apellido Echeverría, arrendatario de la finca Chánguena (Palmar Sur, de Osa) de la cual fueron desalojadas 100 familias campesinas, merece la salida de la procuradora Ana Lorena Brenes, según el diputado del Frente Amplio (FA) Edgardo Araya.
El legislador aseguró que la medida se tomó sin medir consecuencia alguna y de forma extraña, cuando es tan complejo llegar a este tipo de acuerdos.
“Es necesario investigar la actuación de la Procuraduría General de la República en el juicio donde se decidió la expulsión de los campesinos. Llama la atención las posiciones contradictorias del procurador Dr. Luis Diego Flores, en su calidad de abogado del Estado”, señaló el legislador.
Los congresistas de su partido hicieron un recorrido por la zona y advirtieron que debe hacerse una indagación profunda.
“Las familias fueron desalojadas por orden del Tribunal Contencioso Administrativo a petición del arrendante, no dueño, el empresario Óscar Echeverría Heigold, quien reclamó las tierras por gozar de un contrato de arrendamiento firmado con la cooperativa Coopalca del Sur el 29 de junio 1991 y por un plazo de 20 años. Inexplicablemente el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó el desalojo de las familias campesinas pese a que el Tribunal Agrario del II Circuito Judicial de la Zona Sur señaló en una resolución del 27 de abril 2015, que dicho contrato de arrendamiento habría vencido el 29 de junio del 2011”, advirtió en un pronunciamiento el partido.
DIARIO EXTRA intentó conocer la posición de la Procuradora, a través de la oficina de prensa indicaron que hoy se referiría al caso.
