La Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos el futuro de proceso que se sigue en torno a devolverle a Guanacaste los territorios peninsulares Lepanto, Paquera y Cóbano, confirmó a DIARIO EXTRA el abogado José Miguel Corrales, quien lleva el asunto ante los tribunales.
Hace un año, un juez determinó el proceso de declarar ilegal el decreto ejecutivo de 1915, firmado por el entonces presidente Alfredo González Flores y que dio en administración a Puntarenas esos territorios, pues consideró había un plazo de cuatro años para impugnarlo.
“Eso hizo que presentáramos un recurso de casación contra esa sentencia, que no se refirió al fondo del tema, pareció más bien una lavada de manos, y el día martes 11 de agosto la Sala le dio curso, después de un año, al recurso de casación. Lo admitió para su trámite... Únicamente se va a pronunciar sobre el tema de si el plazo de cuatro años está correcto”.
Entonces se está a la espera de ese fallo, el cual marcará el futuro de la acción que busca que Paquera, Lepanto y Cóbano regresen a Guanacaste. Las dos posibilidades están claras, acogerlo o rechazarlo.
En caso de que se rechace ese plazo, entonces el proceso continuará, de nuevo en el Contencioso Administrativo.
El asunto plantea que la acción del expresidente Alfredo González Flores fue ilegal, por cuanto este violó “la ley de División Territorial Administrativa de 1909, que establecía que cualquier modificación en la estructura jurídica territorial debería hacerse por ley y no por decreto”, añade Villalobos Umaña.
Si se acoge esta acción judicial esos territorios volverían a Guanacaste, pertenecerían al cantón de Nicoya, como era en 1915 y posiblemente se crearía una ley para crear un cantón de la provincia de Guanacaste.
Si Casación o el Contencioso fallaran contra las intenciones de los guanacastecos, a través del licenciado Villalobos Umaña, la única opción que se tendría para seguir intentando “la devolución de los territorios peninsulares” sería vía plebiscito aprobado por la Asamblea Legislativa y supervisado por el Tribunal Supremo de Elecciones.
CONSECUENCIAS
En caso de ser devueltos estos territorios, se considera que a largo plazo la provincia de Puntarenas podría perder un diputado, al disminuir el número de habitantes, quienes pasarían a formar parte de Guanacaste.
Al cantón central de Puntarenas, al cual pertenecen administrativamente los territorios de marras, no se le puede eliminar el cantonato, pues la ley de creación no es retroactiva, aunque perdiera muchos habitantes y territorio, y en lo económico, “esos tres cantones tienen consejos de distrito, inclusive ellos administran sus propios dineros, así que gozan de una semiautonomía”, señaló el abogado.
CONSULTA POPULAR ES MEJOR
Consultados sobre el tema que se ventila en el juzgado, los diputados Juan Marín (Guanacaste-PLN) y Gerardo Vargas (Puntarenas-PUSC), concordaron en un plebiscito, para que sean los habitantes de los territorios peninsulares los que decidan, aunque el pampero confía en que el Contencioso decida a favor de los intereses guanacastecos.
“Si el Contencioso resuelve positivamente, se terminó el tema. Si resolviera que se requiere ley, impulsaríamos con fuerza el tema del plebiscito y que sean las comunidades las que resuelvan, y si no, habrá que presionar al presidente o a los futuros presidentes para que resuelvan desde lo que corresponde al Poder Ejecutivo”, señaló Marín.
“Creo que aquí lo fundamental es preguntarles a los paquereños, lepanteños y cobaneños, yo he recorrido esos distritos en múltiples ocasiones, desde hace muchos años e incluso en algún momento se hizo un referéndum y el resultado fue contundente, más de un 90 por ciento votó a favor de quedarse en Puntarenas, entonces más que lo que piense un diputado, o un abogado, o un político, creo que hay que preguntarles a los pueblos”, indicó Vargas.
El diputado Marín afirmó, y fue confirmado por el abogado Villalobos, que el movimiento encabezado por el Comité de Defensa de los Territorios Peninsulares es pluripartidista, lo cual indica que es una cuestión de guanacastecos, más que de partidos.
En octubre se cumplen 100 años desde que el expresidente González Flores firmó el decreto, para Gerardo Vargas “este es un país de derecho y debe haber seguridad jurídica, no podemos venir 100 años después a pretender cambiar una decisión que está consolidada en el tiempo, ni a argumentar que hace 100 años cometieron un error, ya está y hasta consolidada”.
Mientras el congresista Juan Marín cierra diciendo: “El hecho de que se haya hecho un decreto para darlo por administración, por una razón comercial, principalmente, no necesariamente era a perpetuidad, los decretos de administración no son a perpetuidad y la verdad es que en ese entonces ese decreto le genera un daño a la provincia porque la desintegra territorialmente”.
El Contencioso resolverá lo legal, si Casación argumenta que el plazo de cuatro años no existe, mientras tanto, pamperos y porteños... a la espera.
