En un fallo histórico la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordena a la presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge, cumplir en 3 meses la sentencia que obliga a que el Juzgado Controversial de La Unión cuente en la infraestructura con rampas, agarraderas y todos lo que establece la Ley 7600 para que las personas con discapacidad tengan las condiciones y comodidades de accesibilidad.
Según la Resolución No. 201501161 en poder de DIARIO EXTRA, da la razón al abogado Carlos Enrique Leiva Rojas, vecino de Cartago, quien debe trasladarse en silla de ruedas por tener paraplejia. “El pasado 6 de julio debía participar en una conciliación judicial, me presento al Juzgado de La Unión donde pude comprobar las serias y graves limitaciones que tienen las personas con discapacidad para accesar a los servicios e incluso realizar su trabajo y gestión”, indicó el Lic. Leiva.
En el expediente 15-009740-007-CO se detalla refiriéndose al demandante: “Le indicaron que la diligencia en la que participaría, como representante legal, se haría en la segunda planta del edificio y que solo se podía subir caminando dado que no se contaba con rampas de acceso para personas con capacidades especiales”.
Ante esta situación, los magistrados de la Sala Constitucional estimaron que lo anterior “quebranta los derechos fundamentales”, por eso se declara con lugar el recurso y se resuelve de acuerdo con lo que establece la legislación vigente el país en contra de la magistrada Villanueva y el coordinador del Juzgado Controversial de La Unión, Danny Alberto Gutiérrez.
“La única manera de ingresar al despacho del juez es subiendo 17 gradas, en un pasillo bastante incómodo y peligroso, tanto para usuarios como los funcionarios judiciales”, indica la declaración de Leiva Rojas en el recurso de amparo.
Además “sostiene que ninguna persona que requiera de un dispositivo de asistencia técnica, como una silla de ruedas, podría ingresar libre e independiente y sin exponer la integridad física, hasta la oficina del juez, la cual se encuentra ubicada en el segundo piso y es el único espacio físico habilitado para realizar audiencias y juicios”.
El Lic. Leiva Rojas indicó que debido a esta situación la audiencia programada para el 6 de julio se canceló y reprogramó en las instalaciones del Juzgado Penal el 15 del mismo mes, donde participó en la audiencia y fue el abogado defensor de un hombre de apellido Contreras.
“Me siento satisfecho con el fallo, ya en dicho juzgado no se seguirán violando los derechos de las personas con alguna discapacidad, igual pasó con el edificio central del Ministerio de Seguridad, donde tras un fallo de la Sala IV deben instalar ascensores en los tres edificios, ya que es imposible la construcción de rampas, esta resolución deberán cumplirla a más tardar en setiembre”, indicó Carlos Enrique Leiva, desde su oficina en Barrio Los Ángeles de la Vieja Metrópoli.
CÁRCEL SI NO ACTÚAN
“De no acatar dicha orden, incurrirán en el delito de desobediencia y que, de conformidad con el artículo 71 de la ley de esta jurisdicción, se le impondrá prisión de tres meses a dos años, o de viente a sesenta días multa, a quien recibiere una orden que debe cumplir y hacer cumplir, dictada en un recurso de amparo y no la cumpliera o no la hiciere cumplir, siempre que el delito esté gravemente penado”.
Así de claro fueron los magistrados de la Sala IV con la Presidenta de la Corte y el juez de Controversial de La Unión si en 3 meses no tienen listos los cambios en las instalaciones de dicho juzgado. Además, se ordena al Estado al pago de costes, daños y perjuicios causados “con los hechos que sirven de base en esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”, indica la resolución No. 20150116.
La oficina de prensa de la Corte indicó desconocer el fallo de la Sala Constitucional, pero reiteraron que son respetuosos y lo acatarán, pero que en muchas ocasiones y ante la urgencia de alquilar oficinas en diferentes regiones del país en algunas ocasiones no se encuentran edificios que cumplan con el diseño adecuado para las personas con discapacidad.
