Hasta las 3 a.m. de este martes llegó la discusión de las familias de la Finca Chánguena, en Palmar Sur, que fueron desalojadas en un presunto acto de ilegalidad y por el cual se solicitó la presencia de las autoridades del gobierno este lunes para tratar de buscarle una solución al conflicto.
Sin embargo, pese a que el gobierno asistió a la negociación, representados por el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, y el director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), Ricardo Rodríguez, la negociación nuevamente se cayó cuando los campesinos se toparon con la piedra en el camino que ha sido el pacto irregular entre la Procuraduría General de la República y presuntamente el empresario Óscar Echeverría.
Reinier Canales, dirigente campesino, dijo que funcionarios del Estado malintencionados con sus manifestaciones pretenden dividir el grupo de campesinos o quieren hacer ver como si estos están divididos.
“Lo invitamos a que pruebe su dicho hoy en un noticiero televisivo ante la unidad monolítica del grupo y la poderosa solidaridad recibida de los habitantes de los cinco cantones de la Zona Sur y del apoyo del movimiento social costarricense en general. Los enemigos ven fantasmas producto del odio o la impotencia dada su incapacidad para resolver los problemas sociales”, comentó.
Canales reiteró la cohesión del grupo para enfrentar a quienes denominan “adversarios” que operan en el encubrimiento.
NEGOCIACIÓN ABIERTA
Los campesinos recibieron del gobierno un documento que les indica buscar soluciones a sus necesidades, el punto es que mientras tanto el gobierno no tiene tierras para trasladarlos y aunque así fuera, el tema radica en que nadie pretende irse de Chánguena hasta que no se aclare la presunta irregularidad perpetrada por la Procuraduría con el empresario.
La propuesta del gobierno contempla un auxilio económico para las familias por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), incluso se han entregado 31 beneficios.
“En este momento la comunidad de Palmar Sur tiene la propuesta del Gobierno de la República en sus manos... no hubo grandes objeciones por el fondo de la propuesta, sin embargo la comunidad tiene algunas dudas sobre la legalidad administrativa y judicial del proceso”, indicó Alfaro, quien dijo que el dialogo sigue abierto.
DEFENSORÍA
La Defensoría de los Habitantes también intervino apelando a los derechos de mujeres y niños.
“La Defensoría agrega que a las personas desalojadas se les debe asegurar su seguridad física -en especial a las mujeres, niñas y niños, y personas adultas mayores-, así como acceso a servicios básicos fundamentales como una alimentación básica, agua, entre otros.
Un desalojo no debe exponer a las personas a otras violaciones de derechos humanos. Todo desalojo debe cumplir con las siguientes garantías: a) una auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas; b) un plazo suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la fecha prevista para el desalojo; c) facilitar a todos los interesados, en un plazo razonable, información relativa a los desalojos previstos y, en su caso, a los fines a que se destinan las tierras o las viviendas; d) la presencia de funcionarios del gobierno o sus representantes en el desalojo, especialmente cuando este afecte a grupos de personas; e) identificación exacta de todas las personas que efectúen el desalojo; f) no efectuar desalojos cuando haga muy mal tiempo o de noche, salvo que las personas afectadas den su consentimiento; g) ofrecer recursos jurídicos; y h) ofrecer asistencia jurídica siempre que sea posible a las personas que necesiten pedir reparación a los tribunales”.
DIPUTADO
Precisamente este lunes el diputado socialcristiano Gerardo Vargas Rojas aprovechó los minutos que tenía para denunciar en control político cómo es que la Procuraduría General de la República “habría conciliado presuntamente con el empresario Óscar Echeverría los derechos sobre las tierras que según documentos públicos no le pertenecen, ni como propietario, ni como arrendatario”.
Esto, según Vargas, propicia que mediante el acuerdo que homologa un juez de la República desalojen a las 100 familias campesinas que están apostadas en el puente sobre el río Térraba reclamando sus derechos.
Al parecer el acuerdo que firma la Procuraduría con el empresario, quien tuvo el contrato de arrendamiento firmado en 1991 y venció el 29 de junio de 2011, no podía darse, pues aunque estaba vencido, en 2014 la Procuraduría negocia de nuevo para detener el proceso judicial que había contra el Estado, provocando el desalojo de quienes estaban ahí.
“Es vergonzoso ver cómo el propio Estado deja en abandono a los costarricenses al darle unas tierras a un empresario que desde hacía cuatro años había perdido todos los derechos. Hoy niños, mujeres y adultos mayores viven a la orilla de una calle porque los desalojaron. Hasta la plaza de fútbol de la comunidad se la dieron a una privada”, sentenció Vargas.
PERIODISTA: Alexander Méndez
CRÉDITOS: Foto: Sidney Brown, corresponsal
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Miércoles 05 Agosto, 2015
HORA: 12:00 AM
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