“Aresep es una vergüenza nacional. Nosotros nombramos un regulador para que regule y resulta que por vía de los acuerdos en junta directiva se inventaron un mecanismo de los intendentes, entonces al regulador no le quedó el trabajo de regular, quien establece la regulación de cada uno de los servicios son tres señores que se llaman intendente, por eso, si el regulador no está haciendo nada que se vaya”.
Así de clara y firme es la posición de Epsy Campbell, diputada del Partido Acción Ciudadana, tras el informe de la Comisión de Control de Ingresos y Gasto Público en relación con la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y que señala de manera directa al regulador Dennis Meléndez y el cual debió votarse ayer, pero que por otros temas no se hizo.
Campbell insiste que la Aresep no responde a las necesidades del país e insistió que esta no es eficiente, transparente y austera, lo cual le impide defender y garantizar la calidad de los servicios públicos a los ciudadanos. “Vamos a enviar el informe al Ministerio Público para que investigue a la Aresep, para que los responsables asuman sus consecuencias”, reiteró.
Sobre el aumento de salario de ¢6,1 a ¢7,1 millones, aprobado en mayo del 2014, este no podía aplicarse, por lo cual considera dicho aumento “inmoral, aunque encubierto por un estudio técnico, le pagan cada año a una firma privada para realizar una investigación que les permita justificar las enormes alzas de sueldo”.
ALQUILER MILLONARIO
El informe de la subcomisión legislativa que investigó a la Aresep también señala, que sólo por alquiler del edificio que se ubica en el Oficentro Multipark, pagan ¢761 millones anuales y que se arrendó sin el estudio previo de costo-beneficio, que exigió la Contraloría General de la República (CGR).
Sobre dicho alquiler además se indica: “el tiempo se ha encargado de demostrar que la falta de los estudios costo-beneficio del arrendamiento del edificio en el Oficentro Multipark y de la propiedad de la Aresep al MEIC, como lo indicó la Contraloría, ha generado enormes gastos en alquiler sin sentido y ha lesionado el interés institucional y de todos los usuarios de los servicios públicos”.
VARIAS VIDEOCONFERENCIAS
Sobre la participación por videoconferencia de Adriana Garrido Quesada, miembro de la junta directiva, denuncia Campbell que participó en 50 sesiones mediante video y en 50 estuvo presente.
“Fue ilegal que se permitiera a Garrido Quesada prorrogar su asistencia a las sesiones por medio de videoconferencia, cuando la Ley la obliga a asistir a las sesiones. Ese mecanismo, según la Dirección General de Asesoría Jurídica de Aresep, es solo para casos excepcionales y se convirtió en regla para ella”.
Antes esta denuncias, mediante un comunicado de prensa la Aresep rechaza afirmaciones sobre edificio, salarios y gestión reguladora.
“La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos rechaza el informe de la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa sobre diversos aspectos. En dicho informe no se consideró la prueba documental y testimonial de descargo presentada en las diversas comparecencias ante la Asamblea Legislativa por parte de la Aresep”, se indica en el comunicado.
En cuanto al salario se indica que: Los salarios de la Aresep no se fijan de forma antojadiza. Se fijan conforme al a la Ley 7.593, dictámenes de la Procuraduría General de la República y resoluciones de los Tribunales de Justicia, que establecen el uso de encuestas de mercado. No hacerlo así sería ilegal. Ni el regulador ni la reguladora adjunta participan en este proceso. Los salarios correspondientes a esos puestos, no recibieron ajuste entre el 2009-2014 lo que provocó el incremento del 16%.
