“Los diputados y el Gobierno tienen incentivos, pero no miran hacia dentro, solo afuera, el Presidente no puede pedir regulaciones mientras mantiene el pago a altos jerarcas que ganan más... lastimosamente (el incentivo) no se les paga a todos”, reclamó Oriette Zonda, secretaria general del Sindicato del Banco Popular.
Sus declaraciones enfrentan directamente la directriz 0-26H emitida por Casa Presidencial y el Ministerio de Hacienda, en la cual se manda a recortar los millonarios incentivos que reciben los funcionarios de los bancos estatales, orden que obliga a los entes a ver cómo reducen los beneficios, movida, que además podría desencadenar despidos en algunas instituciones financieras.
Es el caso del Banco de Costa Rica (BCR), en cuyo Plan Estratégico así lo han expuesto empleados de la institución, quienes afirman que lo que se pretende es mantener los incentivos cuestionados en las últimas semanas y excluyéndoles de los beneficios.
“No sabemos qué va a pasar con nosotros, llevamos meses en esta incertidumbre y las autoridades del banco no nos dan respuestas, como no sabemos quiénes se van a ir estamos en un horrible clima laboral, todo el mundo está estresado y no trabaja bien sus cuestiones”, resumió un empleado de la división tecnológica del BCR, que no quiere ser identificado para no agravar su situación.
El BCR emplea actualmente a más de 4.200 personas; está llevando a cabo una revisión para ver en qué aspectos tendrá que complementar o modificar en su política interna para obedecer las recomendaciones de la Contraloría en sus principios y lineamientos.
400 PERSONAS EN VEREMOS
La estrategia de las autoridades del BCR busca reducir los costos de operación que se han disparado producto de las millonarias sumas que debe pagar a sus empleados, una investigación a las finanzas alerta que la entidad debe destinar más del 16% de sus utilidades para cancelarles a los colaboradores los incentivos.
De ahí que haya especial interés en desaparecer la división de Tecnología, por lo que los trabajadores deberán acogerse a la movilidad laboral, lo que implica que seguirán laborando para el banco, pero sin recibir lo beneficios económicos que representan un gasto importante y que el Ejecutivo ha empezado a cuestionar.
El 21 de febrero Mario Berrenechea, gerente general, habló de hacer cambios en la planilla ante una reunión con los empleados sindicalizados, según las declaraciones de los colaboradores, sin embargo no se ha explicado cómo funcionará el proceso, tampoco está claro en qué momento se ejecutarán los cambios.
La teoría de remover al menos 400 personas de esa división consta en un correo electrónico enviado por Andrés Víquez, subgerente de Operaciones, quien comunicó el 17 de marzo sobre la profundización de tercerización de servicios, es decir el interés de que una empresa externa se hago cargo de esa tarea.
Luis Feoli, director de Capital Humano del BCR, confirmó que se tiene previsto negociar un programa de movilidad laboral voluntaria en la Convención Colectiva, debido a que el Banco requiere simplificar su organización y mejorar sus costos y eficiencia; aclara que no se tienen datos de cuántas personas se acogerían a dicho proyecto.
Movilidad laboral se refiere en la práctica que el banco tiene más empleados de los necesarios para sus actividades, por lo tanto ofrece incentivos, que aún no se han establecido pero que son mayores a una cesantía, para que deje la empresa, lo que a fin de cuentas le reportará un ahorro en sus costos de operación.
Con todo, Feoli niega que vayan a darse despidos en la entidad.
TIJERET AZOS
El 26 de mayo, después del Consejo de Gobierno, Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia, dio a conocer la directriz que respondía a los informes de la Contraloría General de la República (CGR), revelando millonarios pagos en los últimos 6 años a los empleados de los bancos de Costa Rica, Nacional (BN) y Popular.
Ahí se establece que un plazo a dos meses, las juntas directivas de las entidades financieras deben establecer modelos que sean acordes con los objetivos planteados, indica además que debe establecerse un tope máximo.
El escrutinio implica al Banco Popular, sin embargo al no pertenecer este al Gobierno, la directriz no aplica, por lo que el Ministro de la Presidencia se limitó a hacer una invitación a cumplir con las recomendaciones que son obligatorias para otras entidades.
Aun así, el Sindicato del Popular encara a la administración y acusa al Gobierno de atacar a los trabajadores.
Zonda, cabeza sindical de esa entidad, aclara que los cuestionados beneficios no están en la convención colectiva y expresa que los incentivos para este año ni siquiera saben si los van a pagar porque la junta directiva está haciendo consultas a la Contraloría.
El ente contralor explicaba en su informe que el Banco Nacional encabeza la lista de premiación a sus trabajadores al destinar ¢78 mil millones para esos extras; luego de hacerse público el dato, Fernando Naranjo, exgerente general del BN renunció, y más tarde fue llamado a rendir cuentas por su alto salario.
A LA ESPERA
“Aunque existe un programa de evaluación por desempeño, es la Contraloría quien decide si se va a pagar en 2016 porque los incentivos se pagan al año siguiente, pero igual ellos no pueden decir, se hace de acuerdo a los lineamientos del banco. Este beneficio lastimosamente no se les desembolsa a todos los colaboradores, a quienes se les paga les corresponde entre un 2% y un 5%, pero no es lo mismo cancelar este porcentaje a un empleado que gana de ¢500 mil por mes y la alta gerencia que gana ¢8 millones, por eso el Presidente (de la República) no puede pedir regulaciones”, argumentó la sindicalista.
Héctor Monge, presidente de la junta directiva del Banco Popular, dijo que para resolver el problema se estableció la Comisión de Nominación y Compensación, la cual contó con la participación de los propios directores de la junta de la entidad, y se ha venido trabajando en cada una de las disposiciones formuladas dentro de los plazos establecidos.
Monge afirmó, a través de su oficina de prensa, que no tiene planeados despidos de personal y que el banco deberá negociar con el sindicato la extensión de la vigencia y posibles modificaciones al convenio colectivo para sus más de 3.500 empleados.
BCR SIN INCENTIVO ESTE AÑO
Este año el BCR no pagará incentivos a ninguno de sus colaboradores.
Los empleados del Banco de Costa Rica, la alta gerencia y el resto de colaboradores no tienen un modelo de incentivos diferenciado, cada funcionario recibe un 8% de las utilidades netas, para ello se usa un sistema de llaves que implica indicadores financieros, procesos y de innovación e indicadores de desempeño grupales y de rendimiento individual, cuya nota conjunta no puede ser inferior a 80.
Este año no se lograron los indicadores de desempeño financieros establecidos, por tanto no resulta procedente el pago del incentivo para ningún empleado en la organización. Los indicadores de desempeño son anuales y se establecen de previo al inicio de cada año.
En los dos años previos, que sí se desembolsaron incentivos, correspondió aproximadamente a un 40% de un salario mensual de cada uno de los colaboradores que lo ganaron.
