Ochocientos policías de la Fuerza Pública están afectados por un posible fraude realizado en apariencia por la empresa Codifer, la cual les vendía electrodomésticos con el sistema de deducción por planilla.
Trascendió que Codifer hacía firmar a los trabajadores contratos en los que autorizaba el rebajo de las cuotas mensuales directamente del salario de los empleados del Ministerio de Seguridad Pública.
La alarma se dio en marzo cuando se supo que los contratos firmados por los servidores del Ministerio fueron cedidos a la financiera Desyfin y en algunos casos como el de Luis Alpízar, la deuda pasó de ¢380.000 a más de ¢3 millones, según lo expresó el afectado, quien visitó El Periódico de Más Venta en Costa Rica.
“Resulta que de noviembre para acá ha llegado una lista de 800 embargos a la dirección de planillas del Ministerio de supuestamente clientes de Codifer, que le debemos a una financiera privada Desyfin, que supuestamente le compró la cartera de contratos a la empresa que nos vendía los artículos a pagos y aparentemente entró en un incumplimiento con la financiera y ésta va por el embargo a los policías”, destacó Alpízar, quien informó que él llamó a la entidad dos veces para que le explicaran su caso porque desde hace dos o tres años canceló esa cuenta mediante una refundición de deudas que hizo con una cooperativa y en teoría no le debe a ninguna de las implicadas.
AL MARGEN
Consultamos al Ministerio de Seguridad Pública y a través de la oficina de prensa nos indicaron que a la cartera no le corresponde ejecutar los embargos sino al Ministerio de Hacienda y subrayaron desconocer la situación que afecta a los policías porque es un asunto privado.
El gerente general de la financiera Desyfin, Silvio Lacayo, manifestó que no se ha iniciado ningún proceso de embargo o de cobro judicial a los policías, quienes firmaron los pagarés a la empresa Codifer.
Lacayo aseguró que Codifer tuvo una línea de crédito con ellos para el servicio de descuento de pagarés desde el 2001 hasta el 2013, sin embargo dejó de cancelar y por ende la financiera posee actualmente las documentos originales.
El representante de la financiera indicó que en la actualidad realizan una labor de seguimiento para actualizar los expedientes correspondientes a los trabajadores que suscribieron los pagarés, así como sus respectivas deudas. Agregó que la lista que circula en redes sociales son los nombres de los clientes pendientes de contactar para actualizar los datos y la información que tienen en su poder.
FALSIFICACIÓN Y ESTAFA
El Ministerio Público le confirmó a DIARIO EXTRA que efectivamente desde el 19 de marzo la Fiscalía Adjunta de San José, del II Circuito Judicial, lleva el expediente por los delitos de falsificación de documentos y estafa en perjuicio de oficiales de la Fuerza Pública.
La comunicación del Ministerio Público indica que se recaban las pruebas para avanzar en la investigación y por el momento no darán detalles del caso para no perjudicar el proceso penal.
Ana Priscilla Elizondo es otra de las afectadas y manifestó que ella compró una pantalla y dos celulares, sin embargo le están cobrando otros artículos que no adquirió. “Imagínese que a mí me rebajan ¢22 mil y ahora la cuota me pasó a ¢40 mil y sin decirme nada”, destacó la servidora del Ministerio de Seguridad Pública.
Los afectados aseguran que acudieron a las oficinas de Codifer ubicadas en el Centro Comercial del Sur para pedir explicaciones a la empresa que les vendía fiado, sin embargo, nadie les ha dado la cara.
“Aquí lo más grave es que no es de unos cuantos miles de colones, es que todos debemos al menos ¢1 millón, lo que significaría así no más una estafa de ¢800 millones”.
Alpízar agregó que la financiera le condiciona darle información a que él de los datos para que ellos levanten la lista de los trabajadores que serían embargados, lo cual considera que está mal hecho porque él no le debe nada a la financiera.
Se están solicitando a través de las redes sociales que los trabajadores afectados que hayan puesto las denuncias lo hagan saber a través de la página de Facebook 'Policías de Costa Rica' para que ninguno se quede sin defenderse, ante lo que considera una ingratitud con los uniformados que se parten el lomo para comprar sus cosas legalmente.
