Las 10 empresas públicas del Estado le deben a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ¢13.720 millones por concepto del no giro de un porcentaje determinado de utilidades para el fortalecimiento del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), tal como lo contemplan el artículo 78 de la Ley de Protección al Trabajador (LPT), firmado en el 2000, y el Decreto ejecutivo 37127-MTSS del 2012.
Dicha morosidad se viene acumulando del 2013 y 2014, años en los cuales el Instituto Nacional de Seguros (INS), Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Correos de Costa Rica, Editorial Costa Rica y bancos Nacional de Costa Rica, de Costa Rica y el Crédito Agrícola de Cartago no pagaron del todo o solo lo hicieron de manera parcial.
Datos suministrados por la Dirección Financiera Administrativa de la Gerencia de Pensiones de la CCSS revelan que el INS y el ICE concentran cerca del 80% del total adeudado, pues entre las dos deben ¢8.650 millones, mientras que las restantes 8 empresas públicas estatales en total deben ¢5.070 millones.
En el caso del INS, de los periodos 2013 y 2014 le debe al IVM¢6.959 millones, según estimaciones de la CCSS, mientras que el ICE tiene un pendiente de ¢1.690 millones solo en el 2013, pues no aportó los datos de las utilidades generadas, a fin de que la Caja efectuara el cálculo de lo que correspondería pagar en el 2014.
MÁS DEUDA, MENOS RECAUDACIÓN
El año pasado las empresas públicas estatales para ayudar a fortalecer el IVM debieron cancelar ¢9.011 millones, correspondientes al periodo 2013, pero solo se logró recaudar ¢2.837 millones, traduciéndose con una morosidad de ¢6.174 millones para ese año.
Para el 2015 el monto calculado por esa instancia del periodo 2014 que deberían cancelar ronda los ¢10.809 millones y de estos se han recaudado solo ¢3.263 millones, es decir ¢7.546 millones menos.
José Alberto Acuña, director financiero-administrativo de la Gerencia de Pensiones de la CCSS, comentó que ante el no pago la entidad procederá a efectuar el cobro correspondiente y entre las acciones emprendidas se encuentran el cobro administrativo y el cobro judicial.
Recordó que dichos recursos son para universalizar la cobertura del IVM en los sectores no asalariados en condiciones de pobreza.
“La institución ejercerá el uso de todos los mecanismos que tiene a su alcance para realizar los cobros a todas las empresas, entre ellos el cobro judicial de conformidad a los lineamientos institucionales y en concordancia de lo que establece el articulado de ley de repetida cita, Decreto ejecutivo 37127-MTSS, considerando para ello los montos calculados por la Dirección Actuarial y Económica Institucional.
Para este año, que corresponde al cierre del ejercicio económico 2014, se encuentran en la lista de deudores Recope, INS e ICE, quienes no contribuyeron por dicho concepto. Además en el caso de Correos de Costa Rica, BNCR, BCR y BCAC procedieron con el pago parcialmente, sobre la base de sus utilidades netas y no sobre las brutas que cobra la institución”, detalló.
En la actualidad la CCSS tiene en cobro judicial tanto al ICE como al INS por morosidad.
Acuña especificó que en el caso del ICE no procederá con el pago, debido a que tanto su ley de creación como la de Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones especifican que los excedentes deben ser capitalizados como reservas de desarrollo.
BANCOS A PAGAR
Los bancos estatales no podrán escapar del pago del porcentaje de utilidades establecido por la normativa, pues la Sala Cuarta les rechazó una acción de inconstitucionalidad, con la cual esperaban evadir dicho pago, pues justificaron, entre otros, que las disposiciones contempladas tanto en la LPT como en el decreto son contrarias a las normas y principios constitucionales en materia tributaria.
Entre las afectaciones mencionadas por los jerarcas está que la medida va en perjuicio de la función social del crédito público.
Si bien la LPT estipula que las empresas deben destinar hasta un 15% de sus utilidades al IVM, mediante el decreto 37127-MTSS se detalla que el aporte sería escalonado, para lo cual se fijó que en el 2013 la contribución sería del 5%, del 7% a partir del 2015 y del 15% a partir del 2017.
“Si bien es cierto los bancos comerciales del Estado y los privados necesitan de las utilidades para llevar a cabo su actividad crediticia y su capitalización para tener una adecuada suficiencia patrimonial, no se acredita que el destino de hasta el 15% de las utilidades al fortalecimiento del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social ponga en peligro la suficiencia patrimonial de los bancos accionantes, como tampoco la desventaja con relación a las bancos privados”, indica la resolución de la Sala IV 2014014933, del 10 de setiembre del 2014.
Agrega que “no puede considerarse, como lo hacen los accionantes, que el régimen de contribuciones a que están sometidos sea discriminatorio porque se trata de situaciones jurídicas comparables: El Estado es el único accionista y este puede determinar lo que hace con las utilidades de sus bancos, siempre de acuerdo con los fines impuestos por ley. Puede destinarlos al otorgamiento de más crédito, como fortalecer regímenes de protección social”.
PERIODISTA: Krissia Morris Gray
EMAIL: [email protected]
Jueves 23 Abril, 2015
HORA: 12:00 AM
SIGUIENTE NOTICIA