Melvin Jiménez, quien fue ordenado obispo luterano en el 2008, saltó a la vida política costarricense como el jefe de campaña del presidente Luis Guillermo Solís el 28 de julio del 2013 y lo acompañó en este puesto hasta ganar las elecciones.
Hasta ese momento su vínculo con la Iglesia Luterana costarricense no había sido cuestionado y su trabajo detrás del primer proceso que llevó a un candidato del Partido Acción Ciudadana (PAC) a la Presidencia tampoco.
El primer obstáculo que sorteó Jiménez fue cuando le interpusieron un recurso de amparo, que luego se convirtió en una acción de inconstitucionalidad. En el documento, presentado ante los magistrados el 11 de junio del 2014, se señala que Jiménez no puede ocupar el cargo por pertenecer al estado seglar.
Sin embargo ese era apenas el inicio. Un mes después la Procuraduría General de la República emitió un criterio enviado a la Sala IV, donde estableció que el nombramiento era inconstitucional. Su argumento: contradecía los artículos 75 y 142 de la Constitución Política.
En octubre de ese mismo año se ve de nuevo en medio de la polémica, ya que dijo que la salida de Citibank causaría el despido de más de 700 personas. Esto provocó una rectificación, aunque las declaraciones las dio en el Consejo de Gobierno.
Un mes después recibió un respiro. La Sala IV avaló su nombramiento, aunque siempre fue objeto de críticas, ya que el documento que fue aportado donde se indicaba que ya no pertenecía a la Iglesia Luterana fue encontrado tras una revisión de documentos mucho después de presentado el recurso.
Sin embargo el 2015 no empezó con tanta calma. El 18 de enero el presidente Luis Guillermo Solís y la vicepresidenta Ana Helena Chacón salieron al paso de las declaraciones de Jiménez, las cuales indicaban que no era prioridad para el gobierno impulsar el proyecto para legalizar las uniones de personas del mismo sexo. Ambos dijeron lo contrario y aseguraron que era una iniciativa prioritaria e importante.
Dos días después se fue de una conferencia de prensa donde se le cuestionó el ofrecimiento de una embajada, por medio del ex viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, a la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes.
Es quizás a partir de este momento cuando se hacen los cuestionamientos más fuertes contra Jiménez y varios sectores, principalmente diputados opositores, quienes piden la renuncia o separación del Ministro.
Es llamado a comparecer a la Asamblea Legislativa, mientras que el presidente Solís reitera su apoyo a la gestión de Jiménez.
En medio del sismo provocado por el presunto ofrecimiento de la embajada, la siete representantes de la Iglesia Luterana manifestaron estar en contra que miembros que estuvieran en su junta directiva ejercieran un puesto en el gobierno.
Para inicios de febrero Solís insiste en respaldar a Jiménez y lo defiende ante la solicitud de la bancada liberacionista de separarlo del cargo.
La polémica en torno a la embajada que presuntamente se ofreció a la procuradora se reactiva con los informes de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, los cuales censuran la actuación, en este caso, de Jiménez.
Las declaraciones de Allan Ruiz, ex viceministro de Telecomunicaciones, vinieron a reactivar la censura en contra de Jiménez al indicar después de su salida por el proyecto de Ley de Radio y Televisión que el Ministro de la Presidencia le había ofrecido una embajada.
A partir de este momento ocurrieron tres hechos fundamentales durante las últimas dos semanas. El pasado 11 de abril Solís afirma que no descarta la salida de Jiménez, tres días después Jiménez dijo que era una decisión del Presidente su continuidad y la gota que derramó el vaso fueron las declaraciones del diputado Víctor Morales el miércoles al asegurar que a Jiménez se le acabó el aire en ese puesto.
