La llegada de un cargamento de cemento chino, calificado internacionalmente como de mejor calidad y más fuerza que el que se produce en el país, está siendo censurado por el el Instituto Costarricense del Cemento y Concreto (ICCYC), en el cual, miembros de la junta directiva son parte de las dos cementeras nacionales.
Al consultar con Irene Campos, directora ejecutiva del ICCYC, si la entidad bloquea el ingreso de JCB, importadora de Cemento y constructora, respondió que el Instituto no bloqueó la comercialización JCB pues no tiene las competencias legales para eso, es un ente técnico, donde revisa el certificado que fue suministrado al Instituto con copia a una nota que un tercero envió al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
“Al revisar el certificado encontramos que éste no cumplía con lo solicitado en el Reglamento Técnico de Cemento, vigente en el país y recientemente modificado. Le enviamos una nota al MEIC, en la cual se lo indicamos. Es importante que quede claro, lo que no cumple es el certificado, no podemos decir nada con relación al cemento”.
Sin embargo, Juan Carlos Bolaños, representante de la constructora e importadora de cemento que realiza obras para el Estado en el río Nosara (Nicoya) recibió esta semana una nota de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE), en la misiva desautorizó el uso de cemento importado para el proyecto del dique argumentando que falta información que demuestre el cumplimiento de las normas establecidas para el uso de este material.
La oficina de prensa de la CNE detalló que la empresa constructora fue informada desde el 24 de marzo, por parte de la Unidad Ejecutora (especie de supervisora), el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara).
“Esta entidad les indicó desde esa fecha que debido a la utilización de cemento importado, era necesario realizar una serie de pruebas de laboratorio, de manera que permitieran establecer un parámetro comparativo entre el cemento nacional y el importado. De manera que era necesario realizar las pruebas para poder autorizar el uso del cemento”.
REGLAMENTO
Bolaños reclama que las empresas nacionales trabajen sin que haya un reglamento para revisar el producto, mientras que a su representada (JCB) si se le exige que cumpla con un reglamento que depende del visto bueno de ICCYC.
“El MEIC no puede desconocer que nosotros usaríamos el cemento en nuestros proyectos, ya que así consta, muy claramente, en una nota emitida con el objetivo de desalmacenar el producto, y así lo autorizaron, y yo lo saque y lo use debido a la autorización de desalmacenaje correcta, ¿por qué cambió de opinión en una semana?”, señaló el empresario.
Campos por su parte indicó que la reciente modificación al reglamento, estableció únicamente un artículo con relación a un certificado de calidad al cemento importado.
El ICCYC le ha indicado al MEIC la necesidad de que se debe incluir en el reglamento, el mecanismo de conformidad de los requisitos establecidos en el mismo reglamento. El MEIC, es el responsable de verificar el cumplimiento de dichos requisitos.
Además ella coincide con Bolaños al admitir que el Instituto es un ente privado que no tiene una ley que respalde su creación.
Aún así, si este no emite un certificado el producto importado está literalmente suspendido. “Somos una institución técnica, cuya misión es promover la utilización óptima del cemento y del concreto en todas sus aplicaciones para maximizar la calidad de los productos y el desarrollo de la industria y poder satisfacer las necesidades del mercado de la construcción para coadyuvar al
mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad costarricense", justifica la directora de ICCYC.
JBC se enfrenta a un escenario similar que despareció a la empresa de Cementos David.
CASO DE CEMENTO DAVID
Juan Diego Castro, abogado que conoció de cerca la situación de esta competencia, critica que el país vive inmerso en un duopolio del mercado del cemento, desde hace muchos años, donde esas empresas cobran el precio que quieran. La llegada de Cementos David, al país, bajó el precio del saco de cemento en mil colones para beneficio del comprador.
“La empresa sabía que entrar a competir iba a ser duro. Los grandes intereses del cemento libraron una guerra sin cuartel, como nunca antes había visto, en contra de una compañía que llegó a innovar con un sistema de molienda que no produce la enorme contaminación de las fábricas existentes. En pocos meses, obtuvo un 15% del mercado”.
Castro narró que en contra de Cementos David se dio un ataque sistemático, instrumentalizando hasta asociaciones de desarrollo y que pese a que la empresa demostró que no representaba riesgo alguno para el ambiente, “tal como lo dejaron clarísimos tres votos de la Sala Constitucional, la arbitrariedad de una jueza contenciosa, familiar de un miembro de la junta directiva de una da las grandes empresas cementeras, dio al traste con la inversión y la empresa salió del país debido a la inseguridad jurídica. Sin embargo, un reciente voto de la Sala Constitucional anuló parte de la sentencia firmada por la jueza, Silvia Consuelo Fernández Brenes, dejando claro, una vez más, que Cementos David no constituyó riesgo ecológico.”
