Saber cuál es la información pública, cómo pedirla y cuáles son los límites de ese derecho será más fácil para los costarricenses al publicarse el libro “Derecho de Acceso a la Información Pública”, que contiene toda la jurisprudencia de la Sala Cuarta sobre este tema.
Fue publicado por el Colegio de Abogados en forma conjunta con la Procuraduría General de la República. La presentación se llevó a cabo con la participación de Eduardo Calderón Odio, presidente del Colegio de Abogados, y Ana Lorena Brenes, procuradora general de la República.
La publicación es el resultado de todas las sentencias de la Sala Constitucional desde 1990 hasta 2013, que fueron identificadas por la Procuraduría General de la República con las temáticas del derecho a la información.
Esta obra facilitará a los ciudadanos y funcionarios públicos conocer los alcances de ese derecho fundamental como una garantía para su ejercicio pleno.
A partir de estos pronunciamientos se han definido los aspectos fundamentales del derecho a la información y el trámite que se debe seguir, debido a la ausencia de una legislación al respecto.
Para cada uno de los extractos de sentencias de la Sala IV se ha hecho un resumen de su contenido en palabras sencillas. Además se clasificaron por temas y subtemas. Este libro se convertirá en un instrumento de utilidad no solo para los abogados sino también para cualquier ciudadano o empleado público.
Son cuatro los grandes temas: derecho a la información, información de interés público, límites del derecho y solicitud de información.
En el primero permite conocer que la Sala IV ha reconocido que el derecho al acceso a la información pública no solo brinda la posibilidad de solicitar y recibir información con ese carácter sino que la administración debe entregar los contenidos más relevantes para la ciudadanía.
Además que la Sala ha sostenido que existe una presunción de que todo dato de las dependencias públicas puede ser de conocimiento de cualquier persona.
El segundo tema aborda todo lo referente a los asuntos que son de interés público y se divide en 13 subtemas, como por ejemplo sobre los fondos públicos, expedientes de contratación administrativa y uso de bienes públicos como vehículos.
Los límites de la información son los dados por la Constitución Política.
El último tema es sobre las solicitudes de información. En este se determina cómo deben tramitarse las solicitudes de información que presentan los ciudadanos.
