Una denuncia presentada por José Antonio Rojas Hernández, de la Asociación Nacional Pro Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (Asoprousuarios), ante la Procuraduría General de la República (PGR), contra el directivo del Consejo de Transporte Público (CTP), Juan Carlos Soto Vindas, por un presunto conflicto de intereses conoció la luz pública.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica tiene copia de dicho documento interpuesto el pasado 3 de noviembre del 2014 y donde incluso se hace de conocimiento la investigación preliminar al Consejo de Gobierno bajo el informe Nº AEP-INF-001-2015, desde el 13 de febrero del 2015, por parte de la PGR.
DENUNCIA
La denuncia explica que se podría estar violentando la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en al Función Pública y su reglamento 8.422, artículo 22.
Además, como el señor Soto Vindas podría estar faltando al deber de probidad al “estar beneficiando o favoreciendo con su actuar” a los empresarios que brindan el servicio público regulado y concesionados.
Incluso en las votaciones de acuerdos 53 y 54-2014, el señor Soto, representante de los empresarios de buses, conoció y votó, como miembro de la junta directiva del CTP, la renovación de las rutas concesionadas a las empresas de buses en varias de las cuales ha sido asesor o socio.
Que el señor Soto tiene representación en empresas como “Asesores en transportes de Hatillo S.A., donde es presidente, Transportes Masona S.A., también presidente, Asociación de Transportistas del Sub sector Hatillo, vocal, Importaciones Pacyatlan C.R, secretario, Transportes Doscientos Cinco S.A., tesorero, M.V Buses de Costa Rica S.A., secretario y Empresarios Unidos de Puntarenas donde aparece como dueño”.
Pero también indica el hecho séptimo de la denuncia: “Nuevamente el señor Juan Carlos Soto Vindas vuelve a incurrir en un posible conflicto de interés en la sesión ordinaria número 55-2014 del 1 de octubre del 2014, en el acuerdo 7.2 clasificación de la ruta 94 descrita como San José-Alajuelita y Ramales, en la cual el señor Soto Vindas es socio de la Empresa Transportes Doscientos Cinco S.A., la cual se fusionó con Metrocoop R.L., y con votación unánime se da concurso al oficio DING 140765, adicionando también una posible violación al deber de probidad”.
Por último en el hecho noveno y décimo se indica una lista de 22 concesionarios que presuntamente fueron beneficiados con los votos del señor Soto entre ellos: “José Enrique Mora Madrigal, Maritza Hernández Castañeda, Jorge Arturo Herrera Ocampo, Mario Bermúdez Fallas y Raymond Salim Simaan Khachabt”.
DENUNCIANTE
Consultado al respecto José Antonio Rojas, mencionó que puede existir presuntamente un conflicto de intereses, violación al deber de probidad, por lo que en lo procedente también pide se le dé curso ante el Ministerio Público por un posible tráfico de influencias y favorecimiento personal.
“La protección al usuario es lo más importante, pues hay un interés en el nombramiento, muchas empresas le deben favores y estas empresas al ocupar él un cargo público salen beneficiadas y otras no, perjudicando al usuario en la toma de decisiones.
Por ejemplo con la renovación de la flota óptima donde se elimina el control de calidad en beneficio del usuario y el voto en favor de muchas empresas incluida la Volkswagen y no se abstuvo por ética a votar”.
Intentamos conocer la versión del señor Juan Carlos Soto Vindas, pero ante varios intentos no recibimos respuesta, pese a dejar mensajes en sus teléfonos.
De igual manera consultamos sobre el informe al CTP, pero la vocera, Angie Meneses, del director Ejecutivo, Mario Zárate, dijo que este se referiría al asunto hasta hoy.
En tanto la presidenta de la Cámara Nacional de Transportes, Maritza Hernández, aseveró que la Cámara le da su apoyo al señor Soto Vindas y que sus asuntos comerciales no son objeto de trata en el CTP.
“Fue propuesto por todas las cámaras de autobuseros del país y el consejo de gobierno lo elige de cinco nombres que enviamos. El margen que don Juan Carlos puede tener en un conflicto de intereses es casi que nulo, porque la autorización se da una vez que la empresa ha comprado los autobuses”.
Hernández finalizó indicando que habría que probar lo que se dice, pues para eso están las leyes.
PERIODISTA: Alexander Méndez
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Miércoles 11 Marzo, 2015
HORA: 12:00 AM
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