Juan de la Cruz Brenes, jefe de la División de Protección y Seguridad Institucional del ICE, rechazó las acciones que se le han atribuido a este cuerpo en contra de la intimidad de clientes de la institución.
Compareció ante los diputados de la Comisión de Narcotráfico y aseguró que la intervención de llamadas solo se realiza por orden de un juez. Además explicó que un plazo de 3 meses la unidad de Intervención pasará a estar en manos del Poder Judicial.
Fue enfático en que para el rastreo o registro de mensajes de texto aplica otra jurisprudencia.
“Ni antes, ni ahora se ha facultado que no sea por orden de un juez el tema de las escuchas telefónicas. Cuando hablaba de las diferentes normativas es cuando hablan ellos de registros de texto, de los rastreos, ahí es donde ha habido cambios. Cuando es la escucha telefónica el operador nunca ha estado facultado a hacerla.
Tenemos más de 15 años de estar en esta labor, no tenemos ni un solo caso. A nivel del ICE nadie está facultado para usar información de ese tipo que no sea para atender un requerimiento judicial”, recalcó Brenes.
Los diputados cuestionaron por qué sus agentes tienen armas y hasta practican en polígonos, como si fueran policías, a lo que el jefe de Investigación declaró que están autorizados por la Ley de Armas y Explosivos.
Sobre el caso del exdiputado Jorge Arguedas, a quien se reveló él ordenó seguirlo, indicó: “La Sala tomó una posición desde el punto de vista constitucional que el ICE acata. En el tema penal las dos denuncias están archivadas. Hubo un oficio de la Contraloría donde tenían una denuncia. No hay violación a ninguna norma penal”.
Sobre el caso de acoso laboral contra Mejía expresó: “Un tema del 2009, se presenta una denuncia de acoso en el 2013, o sea cuatro años después. Son situaciones que no tienen nada que ver, ella participaba cuatro o cinco meses antes en nuestras reuniones sociales, tengo pruebas donde daba las gracias por participar en una celebración de cumpleaños”.
Todas las acciones de espionaje que hacía el ICE desde esta unidad fueron rechazadas por el jerarca, como la posibilidad de acceder desde plataformas de la institución los registros de otras operadoras.
“Eso ni en una película de ficción lo he visto (…) Eso no se hace, si a mí alguien me dice que eso se hace tendría que levantar una investigación administrativa, sería una causal de despido y seríamos los primeros en ir al Ministerio Público”, finalizó.
PERIODISTA: Redacción Diario Extra
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Viernes 27 Febrero, 2015
HORA: 12:00 AM
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