La realidad que viven miles de privados de libertad en su estado de hacinamiento en los diferentes centros penitenciarios del país fue recientemente ocultada por la ministra de Justicia Cristina Ramírez Chavarría, quien se negó a revelar los datos específicos sobre el caos que prevalece en las cárceles de Costa Rica.
Tras el fallo 2015002133 a favor de un periodista de La Nación, la ministra Ramírez dijo que daría la información precisa acerca del tema del hacinamiento que viven los reclusos nacionales, no obstante, más tarde acudió a la Sala Constitucional con el fin de interponer un recurso de aclaración y edición para negarse a cumplir con el mandato de la Corte Suprema de Justicia.
Tras lo sucedido, la molestia no se hizo esperar y fueron figuras políticas quienes expresaron su enorme inconformidad, pues a lo largo de los últimos meses se vivieron grandes luchas en pro de los accesos a informaciones de interés público.
DIPUTADOS CHIVAS
Una de ellas la protagonizó la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Marcela Guerrero, quien dijo a DIARIO EXTRA que las restricciones interpuestas no sólo a medios de comunicación, sino a la sociedad en general, afectan sin duda alguna la soberanía y regularidad del país, además, puntualizó que las disposiciones de la Sala Constitucional deben ser respetadas.
“En primera instancia señalar que la Sala fue muy contundente en términos que el acceso a la información que debía tener el Ministerio de Justicia debería ser amplio en las consideraciones que se le plantearon, y desde ese punto de vista informar desde el Ministerio a quien corresponda, cumpliendo en acatamiento de lo que señala la Sala Constitucional”, manifestó Guerrero.
La Vicepresidenta del Congreso añadió que intentará tener un acercamiento con Ramírez.
“Hay datos que son de interés, personalmente tendría y me comprometo a conversar con Cristina para ver cuáles son los alcances porque me parece que los mandatos de la Sala Constitucional, reitero, se deben cumplir”, argumentó Guerrero.
Varios diputados tuvieron diferencias con múltiples entidades del gobierno, precisamente por no divulgar certeramente informaciones de interés público.
Cristina Ramírez alegó en su negativa de entregar los datos de hacinamiento de cárceles que se trata de informaciones de seguridad nacional.
Ante dicha afirmación, DIARIO EXTRA intentó conocer la posición del director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), Mariano Figueres, no obstante, el jerarca señaló que no se iba a referir al tema porque no le compete el asunto, y no quiere entrar en choque de posiciones con la ministra Ramírez.
DERECHOS HUMANOS
De acuerdo con datos extraoficiales, en Costa Rica existen más de 14 mil reos hacinados, todos ellos exigen a diario un poco más de humanismo por parte del Ministerio de Justicia, sin embargo, a pesar del esfuerzo económico que se realiza, la situación no cambia.
“Todos sabemos cuáles son los problemas que enfrentan los privados de libertad, lo que hizo la señora ministra de Justicia, Cristina Ramírez, nos parece totalmente susceptible, porque no es posible que quiera esconder la realidad del hacinamiento en las cárceles, negando la información a los medios de comunicación, en un país que además es plenamente democrático y libre de expresión”, señaló Hermes González, director de la Fundación para la Defensa y Promoción de Derechos Humanos.
El Periódico de Más Venta en Costa Rica supo además que varios abogados de la Defensa Pública tuvieron los mismos impedimentos en cuanto a información del hacinamiento en centros penitenciarios, situación que según Martha Iris Muñoz, directora de dicho órgano legal, no puede suceder en el país.
Este medio intentó conocer la posición de la Ministra de Justicia, pero al cierre de edición no hubo forma de contactarla.
Según Carlos Serrano, abogado penalista y defensor del Grupo Extra, cuando un funcionario se niega a brindar datos de interés público, deberá justificar su acto basándose en las normas de jurisprudencia de un país, que además es democrático.
“Si la Sala Constitucional emitió un criterio, este debe cumplirse, la Ministra debe entregar esos datos, y si no lo hace, incurre en el delito de desobediencia”, detalló.
