Después de nueve años en el Tribunal Contencioso Administrativo, el Estado costarricense fue absuelto de toda pena y responsabilidad en el caso de la empresa Harken Costa Rica Holdings, a quien se le caducó el contrato de exploración petrolera en el Caribe, luego de no demostrar que su proyecto era ecológicamente viable.
“…se rechaza en todos sus extremos la demanda interpuesta por Harken Costa Rica Holdings L.L.C., representada por Claude Barry Chandler, en contra del Estado. Se condena a la parte actora vencida al pago de ambas costas…”, se lee en la sentencia No.1754-2014 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
Con esa resolución el Tribunal dio la razón a las comunidades y organizaciones del Caribe agrupadas en la Coalición Acción de Lucha Antipetrolera (Adela), que fueron coadyuvantes del Estado costarricense.
El asunto se remonta al 2005, cuando el entonces ministro de Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez, declaró caduco el contrato de la exploración de uno de los 4 bloques de exploración petrolera.
Eso se dio luego de un gran debate nacional sobre la conveniencia de que el país pasara a ser petrolero, y si la empresa cumpliría las normas internacionales para hacerlo sin causar daños ambientales.
En esa época Adela acaparó los titulares de las noticias en los principales medios de comunicación.
Harken Costa Rica Holdings L.L.C. inició su demanda contra el Estado en octubre del 2005, solicitando la nulidad absoluta de la resolución 019-2005-P-Minae, en la cual el gobierno declara la resolución y caducidad del contrato suscrito entre el Estado y la petrolera, exigiendo la restitución de la concesión para explotar petróleo en el Caribe costarricense.
Además solicita al Tribunal que ordene al Estado indemnizar a Harken Costa Rica Holdings por sus alegados daños y perjuicios causados durante la vigencia del contrato (entre 1999 y 2005) por una suma de $13 millones.
La petrolera, de la que en algún momento George W. Bush fue directivo, intentó llevar este asunto a estrados internacionales en setiembre de 2002 al presentar una demanda por compensación de $57 mil millones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), adscrito al Banco Mundial.
La demanda no prosiguió y fue retirada una semana después de que el Gobierno de Costa Rica se negara a participar en el arbitraje, ya que el contrato firmado con la petrolera estipulaba que los conflictos se conocieran y agotaran en foros nacionales.
