Alternativas

El gobierno del Presidente don Luis Guillermo Solís merece amplio reconocimiento y la gratitud nacional por la forma eficiente y civilizada con la que enfrento la huelga en los puertos de Limón.

Es muy difícil para el gobernante demócrata enfrentar huelgas en los servicios públicos. Dependiendo del tema que la suscite, los trabajadores en paro pueden o no suscitar sentimientos de apoyo de sus conciudadanos, pero cuando pasan unos días, la pérdida en el disfrute de los servicios públicos suspendidos lleva a que muchos se opongan el movimiento.

La declaratoria de ilegalidad de la huelga usualmente toma un buen tiempo. Y la urgencia por el disfrute de los servicios pude influir en que muchos quieran que se negocie a cualquier costo para rescatar su operación. La ciudadanía se divide, unos están por medidas fuertes ante la interrupción de los servicios y otros en favor de ceder ante las pretensiones de los huelguistas.

Mientras transcurre el tiempo algunos dirigentes sindicales pueden recurrir a actos de provocación para lograr que las autoridades, por el resguardo del orden y las libertades públicas, cometan algún acto que pueda ser interpretado como violento y mejor aún como violatorio de los derechos humanos. Si eso se da, y muchas veces gracias a la constante repetición de algunas imágenes en la televisión, los huelguistas se conviertan en víctimas y la opinión pública les da mayor apoyo.

La más importante, por lo tanto, de las medidas de las autoridades es procurar que la interrupción en los servicios públicos sea la menor posible.

En el reciente conflicto en Limón por la huelga de los trabajadores de JAPDEVA en contra de la concesión de servicios de muelle a APM Terminals, el Ministerio de Seguridad Pública a cargo del Ministro Celso Gamboa, dio un ejemplo de eficacia y eficiencia no visto en las dos últimas décadas.

Desde un inicio el Sr Presidente Solís manifestó: “Esperamos que resulte innecesario tener que sufrir una huelga que no conviene ni al país ni a Limón, pero sí estamos en posibilidad de asegurar que no permitiremos que una actividad de este tipo impida el normal desarrollo de las actividades del puerto y de la comunidad. Una huelga puede afectar a una comunidad que no quiere violencia si no trabajo”. Y gracias a la leal colaboración de su Ministro de Seguridad Pública pudo cumplir con su decisión. La huelga no impidió, más que por 10 horas, el funcionamiento del Muelle de Moín.

Es claro que las acciones vandálicas cometidas deben ser juzgadas en los tribunales penales.

Así como se critica al gobernante por las acciones que nos pueden parecer inapropiadas o equivocadas, también es necesario reconocer sus méritos, y este es un caso claro en que la previsión y eficacia de la acción policial, y la decisión del Gobierno en general, merecen que, sin mezquindades, se haga ese reconocimiento.

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Lunes 24 Noviembre, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Lic. Gerardo Morales