El pulso entre los empresarios del sector turismo y el Gobierno parece llegar al final, después de varias reuniones en las que se negoció la suspensión del pago de impuestos por actividades recreativas.
“Había una interpretación de ley del Ministerio de Hacienda y gracias a la intervención del vicepresidente presentamos hoy una condonación de impuestos, multas e intereses a las empresas turísticas físicas o jurídicas que hayan prestado servicios por medio de centros de recreo o similares , gravados de acuerdo a la Ley del Impuesto General de Ventas”, declaró Ana Helena Chacón, vicepresidenta de la República.
Chacón explicó que el impuesto fue creado hace muchos años cuando estas actividades no existían en el país y se empezó a hacer una interpretación desde la administración anterior que pretendía cobrar aranceles por ello.
“La actividad turística incluye las dinámicas que se prestan en los centros de recreo, el proyecto incluye únicamente a las empresas turísticas que antes de la vigencia de la ley no se habían inscrito como contribuyentes al impuesto general de ventas y que hayan dado servicios en centros de recreo o similares, siempre y cuando se inscriban como contribuyentes ante Hacienda”, aclaró la Vicepresidenta.
LEY A LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
El presidente, Luis Guillermo Solís, dijo que entiende la importancia del turismo para la economía del país, y que con esta iniciativa que será enviada para que los diputados la discutan, demuestra la comprensión del Gobierno ante las necesidades del sector y de su deseo de seguir aportando bienestar y riqueza a Costa Rica.
La administración confirmó que el proyecto de ley establece dos transitorios, el primero busca que a partir de la vigencia de la ley y hasta el 31 de diciembre de 2015 se suspenda la aplicación del impuesto de ventas. Por otra parte, el segundo especifica que no tendrán derecho a devolución las empresas que, a la fecha de vigencia de la ley, hayan pagado el impuesto de ventas.
Pablo Abarca, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) afirmó anteriormente que la solución era importante para el sector, y demandó seguridad jurídica por parte de la administración, asegurando que la ley no puedo estar abierta a interpretaciones de funcionarios medios en las instituciones.
A partir de enero de 2016 se notificaría las actividades a las que se cobrará el impuesto para que los negocios puedan trasladarlo a los usuarios del servicio y las empresas no tengan que cargar con el rubro afectando las utilidades.
