Cada vez día que pasa se complica más el caso del avionetazo de la presidenta Laura Chinchilla, quien aceptó la regalía de una empresa canadiense para viajar a Perú a la boda de un hijo del vicepresidente Luis Liberman.
Ahora no solo la Procuraduría General de la República investigará el caso, sino también la Fiscalía deberá decidir si indaga lo sucedido, tras ser interpuesta una denuncia por parte de la diputada Patricia Pérez.
La denuncia fue interpuesta ayer por la mañana en forma escrita por la legisladora por lo que el fiscal general, Jorge Chavarría, deberá resolver si se inicia la investigación debido a que por ley es él quien debe encargarse personalmente de las indagaciones contra miembros de los supremos poderes.
Pérez explicó que luego de analizar e investigar todo lo sucedido, no cabe duda que se han infringido las leyes, primero porque la mandataria no solicitó el respectivo permiso de la Asamblea Legislativa para salir del país.
Segundo porque lo hizo en un avión de una empresa privada, recibiendo una dádiva, que está prohibido a los servidores públicos y es penado por ley.
Este ha sido el último escándalo del Poder Ejecutivo tras trascender que la mandataria junto con su esposo, José María Rico, la ministra de Comercio Exterior, Anabel González, el ministro de Comunicaciones, Francisco Chacón así como la asistente presidencial Irene Pacheco, usaron el jet privado Cessna 525B matrícula N93CW propiedad de la petrolera canadiense Thorneloe Energy, para asistir a la boda del hijo del vicepresidente Liberman.
Para darle carácter oficial realizó una visita de cortesía al presidente peruano Ollanta Humala.
Por su parte, la oficina de prensa de la Fiscalía confirmó haber recibido la denuncia, que ya fue valorada inicialmente y ahora está en la fase de elaborar el plan de trabajo, lo que sigue es la recolección de los testigos y buscar los documentos para acreditar el hecho, para el posterior pronunciamiento.
