El Gobierno rechazó la propuesta del Frente Amplio, planteada por el legislador Gerardo Vargas, de crear una comisión de abogados que sometieran a discusión el contrato con APM Terminals, específicamente la cláusula 9.1, que le da a la empresa la exclusividad en el manejo de carga y descarga de contenedores.
“Ese tema se ha estado poniendo en la mesa y lo que hemos planteado es que todo contrato contiene cláusulas de renegociación, eso es propio de la figura del contrato, que es un acuerdo entre partes. Lo que pasa es que obviamente esas renegociaciones suponen acuerdos de las partes, cuando no hay acuerdo de las partes y se impone, eso tiene consecuencias contractuales. Es un tema jurídico que ha sido analizado profundamente en esa mesa de trabajo.
Se ha tratado de plantear que es una intransigencia del Gobierno de no querer atender este tema, pero en realidad es un tema absolutamente debatido en el ámbito jurídico”, enfatizó el ministro de Trabajo, Víctor Morales.
En lugar de una comisión de abogados, que sugerían que estuviera conformada por un representante del Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap), uno del Gobierno y otro del Frente Amplio, Morales propuso que se conforme una comisión técnica que desarrolle estudios sobre la actividad portuaria y sus impactos, por ejemplo.
El presidente Luis Guillermo Solís ha insistido que la discusión debe centrarse en la propuesta que presentó el Gobierno de desarrollo para Limón, que califica como inigualable.
“Me cuesta imaginar a alguien diciendo que no existen condiciones para un levantamiento de esta huelga, para construir de aquí hacia adelante una relación ganar-ganar entre los grupos sociales de la provincia, las instituciones públicas y la empresa privada. Es una propuesta como pocas veces se ha presentado para cualquier parte del país”.
