La Cámara Costarricense de Restaurantes y Afines (Cacore) impulsa una reforma al reglamento de la Ley de Licores para que los precios a cobrar para instalar un negocio, que incluya esas bebidas, sean más razonables. Afirman que los gobiernos locales abusan de la autoridad y deben pagarles sumas astronómicas.
“Estamos promoviendo la reforma del artículo 10 de la Ley para que el canon que cobran las municipalidades por las patentes de licores sea más equitativo. Las cabeceras de provincia deberían pagar unos ¢400 mil de acuerdo con lo que determinó la Sala Constitucional, las cabeceras de cantón unos ¢200 mil; sin embrago, muchas municipalidades incurren en prácticas fuera del marco legal como cobrar por metro cuadrado del local”, dijo Alejandro Madrigal, director ejecutivo de Cacore.
Señaló que en lugares como Barva de Heredia y Sarapiquí se dan estas situaciones, igual en la Alcaldía de Curridabat, esta última cobra ¢4 millones por tener una licencia mientras que en la Zona Sur llegan a ¢750 mil.
Ante esto, la Cámara impulsa una reforma, más capacitación y formación para el sector, pues consideran que solo así podrán alcanzar los retos, pero para ello deben solucionar las afectaciones que dañan el sector, además de las patentes están a merced del abuso de los inspectores de Salud.
Al congreso asisten 225 personas conscientes de la obligación de pagar para construir un mejor país, pero demandan acciones más equitativas por parte del los gobiernos municipales.
Jorge Figueroa, presidente de Cacore, insistió en la crisis económica que ha afectado también a restaurantes: los temas legales y tributarios, así como las propinas. Durante el evento se premiará a los negocios más comprometidos con el sector.
