El sector turismo es uno de los más importantes del país por su aporte a la economía y la cantidad de personas que emplea. Así lo reconoce el gobierno, que aunque busca aumentar los ingresos del Estado con impuestos y otras medidas, intenta dinamizar el sector. Para ello se ha reunido en varias oportunidades con representantes de los empresarios con el propósito de crear políticas que mejoren el crecimiento y salvar empresas que están en grave situación económica ante el aumento de la oferta.
En la última reunión, sostenida el miércoles anterior entre las partes, se acordó la creación de una comisión de rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas del sector turístico, el objetivo es analizar individualmente el caso de los negocios que estén a punto de quebrar para determinar cómo se le puede ayudar.
La idea consiste en que la comisión, con la ayuda del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Economía, estudiará a cuál negocio se ayudará.
“Este es un magnífico inicio después de 3 años de ser ignorados, de no querer escuchar la realidad nacional. Es interesante que esta filosofía, por solidaridad y creación de redes de distribución más equitativas para el país han sido la visión de todos los partidos políticos en conjunto con el gobierno. Vemos un gran retorno a la justicia social y distributiva que había fallecido en los últimos años”, comentó Boris Marchegiani, presidente de la Asociación para la Protección del Turismo (Protur). Explicó que espera que los fondos sean las propias garantías, las cuales ya tiene cada una de las empresas sin afectar el flujo nacional.
“Lo que realmente ocurrió a las Mipymes es que en las readecuaciones el banco solicitaba prendas de garantía adicionales, por lo tanto casi todos terminamos garantizando nuestras deudas con montos entre un 200 y un 400% cuando la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) solo solicita un 120%”, denunció el presidente de Protur.
El problema ha crecido a tales magnitudes que tienen garantías inmensas que están en manos de las entidades las cuales no se han mostrado abiertas a negociar y parecen inclinarse por el cierre de los negocios.
Ambas partes esperan reunirse el próximo jueves para determinar como será la intervención. Por ahora no está claro cómo se resolverá, pues el Ministerio de Hacienda presentó una propuesta y los empresarios mantienen las acciones legales presentadas anteriormente.
