Está legal

Cada año por mandato constitucional la Asamblea Legislativa recibe del Ministerio de Hacienda el proyecto del Presupuesto Nacional, con la asignación de los dineros para el funcionamiento del Gobierno central y de los poderes de la República.

Este año el presupuesto creció un 20% en relación con el año pasado, con la gravedad de que no hay ingresos suficientes para cubrir todos los gastos.

El artículo 176 de nuestra Constitución Política prohíbe expresamente que los gastos incluidos en el presupuesto excedan los ingresos y estos ingresos son los provenientes de la recaudación de los impuestos nacionales, en su mayor parte los de ventas y de la renta.

Los ingresos cubrirán un 60% de todos los gastos y para el otro 40% tendremos que pedir prestado y endeudarnos más porque vivimos una pésima administración de los ingresos nacionales, generada por la falta de planificación y control del gasto público y una equivocada apreciación de nuestra realidad nacional.

Primero: no somos un país solvente ni totalmente desarrollado como para darnos el lujo de dedicar casi el 80% del presupuesto al pago de salarios, prestaciones, horas extra y anualidades.

Las horas extra deben otorgarse de manera restrictiva y bien fundamentada. Las anualidades de todos los funcionarios deben otorgarse previa evaluación del desempeño y no automáticamente, como se ha venido haciendo.

Segundo: todo el mundo quiere viajar. El gasto en viajes al exterior y viáticos por varios miles de millones debe reducirse a las instituciones que por sus funciones deben representar al país y debe hacerse de manera económica.

No podemos seguir financiando la asistencia en primera clase y hoteles cinco estrellas, a todos los seminarios, cursos, encuentros y demás en todos los poderes de la República. Como tampoco debemos pagar para que nuestros funcionarios terminen de educarse. El que quiera especializarse, que lo haga fuera de horas laborales o los fines de semana, y que si recibe salario, que trabaje por él.

Tercero: no hay supervisión del gasto. En este sentido aplaudimos la moción número 19 presentada por el diputado Solís. En ella se establecen varios requisitos que se deben cumplir antes de gastar los dineros en alquileres, viajes y actividades sociales, debiendo utilizar los recursos existentes en cada institución y especialmente en lo que a alquileres se refiere, debiendo demostrar que no hay otro edificio público que pueda utilizarse.

No podemos seguir gastando lo que no tenemos sin control, ni fomentando una elite que viaja, se educa y gana a costa del endeudamiento de por vida de todos los costarricenses. La batalla del presupuesto hay que pelearla y es tarea de todos apoyar los esfuerzos de quienes en nuestro nombre lo hacen.

*Abogada litigante / [email protected]

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Martes 30 Septiembre, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Licda. Ana Lourdes Golcher González