Juez electoral y reforma democrática

Acaba de ser publicado el libro “Elecciones y Democracia” de Luis Antonio Sobrado González, magistrado presidente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Se trata de una compilación de artículos de opinión de don Luis Antonio, aparecidos en prensa nacional en los últimos años. Invito a su lectura explicando someramente la importancia de la obra, pero para ello es necesario ampliar la perspectiva.

Nuestro país experimentó durante el siglo XX dos trascendentales reformas: la social, liderada por el gobierno de Calderón Guardia con el respaldo del comunismo costarricense, y la política, liderada por Figueres Ferrer y las fuerzas dominantes en la Asamblea Constituyente de 1949. Comparto la tesis de Manuel Solís Avendaño (“La institucionalidad ajena”) en el sentido de que ambas reformas (si bien valiosísimas) se desarrollaron desde una concepción muy pobre de la política (de grandes caudillos y acríticos seguidores fanatizados), que relegaba a la ciudadanía a mera beneficiaria de dádivas graciosas que paternalmente le concedían sus líderes.

Solís Avendaño muestra cómo ni republicanos, unionistas, cortesistas, comunistas, centristas ni, a la postre, las dos grandes familias políticas dominantes tras la guerra civil, tuvieron una idea potente de ciudadanía ni procuraron fortalecerla e integrarla en la resolución de los asuntos comunes (más allá de la periódica emisión del voto). Es decir, que se proveyó un diseño institucional que cubrió las necesidades económicas y sociales de amplias mayorías (para evitar el auge del comunismo), y que, además de modernizar el Estado, perfeccionó el mecanismo del sufragio y racionalizó la lucha por el poder (para evitar nuevos desbordamientos de violencia política), pero todo lo anterior sin alterar los espacios de participación, mecanismos de control y medios de impugnación, en manos de la ciudadanía frente a su clase dirigente, ni mucho menos promover la activación crítica de aquella, propia del ideal republicano.

Al finalizar la década de los 50 (las elecciones de 1958 inauguran la era de estabilidad política) el país había avanzado, pero la ciudadanía, fibra elemental de la democracia, había quedado relegada a un papel de mero espectador, seguidor, clientela. Postulo que junto con la creación de la jurisdicción constitucional en 1989 y una feliz reforma constitucional de 1997, ha sido la acción del TSE en los últimos años la que ha llevado adelante esa reforma democrática postergada en Costa Rica. Una reforma tendiente a potenciar los derechos y la noción misma de ciudadanía, a robustecerla dotándola de herramientas y espacios para el desarrollo de sus capacidades. Una primera reforma democrática (descrita por Iván Molina en su obra “Demoperfectocracia”) ya había sido liderada por Ricardo Jiménez Oreamuno (voto universal masculino, secreto, directo y popular aún en segunda ronda). No en vano el edificio del TSE lleva su nombre. Pues bien, el libro que se presenta y cuya lectura recomiendo, ofrece una panorámica del pensamiento, inquietudes y propuestas, de quien ha presidido al TSE gestor de la nueva reforma democrática.

Permítaseme enlistar los hitos de esa reforma democrática, iniciada en el 2000: 1) El Recurso de Amparo Electoral, creado por jurisprudencia y que ha venido a tutelar y garantizar los derechos políticos de los costarricenses frente a los poderes públicos e incluso frente a sujetos privados en relación de poder con el amparado. 2) La Acción de Nulidad, también de raigambre jurisprudencial, que con la defensa de la legalidad en las actuaciones partidarias, ha protegido a los militantes de los abusos de autoridad de las jerarquías partidarias. 3) La rica jurisprudencia sobre democracia interna de los partidos, que los ha obligado a renovar sus estructuras, escoger a sus autoridades y candidatos mediante voto secreto, en procesos competidos. 4) El nuevo Código Electoral impulsado por el TSE, que, además de positivizar los anteriores progresos de la jurisdicción electoral: a- transparentó como nunca antes en nuestra historia el financiamiento partidario; b- desvinculó las elecciones nacionales de las locales, dándole autonomía a estas y evitando que la elección de regidores continuara siendo un epifenómeno de la presidencial (que las utilizaba como simple mecanismo de acarreo de votos); y c- creó el Instituto de Formación y Estudios en Democracia, que además de empeñar sus energías, en época no electoral, en proveer a nuestros niños, militancia partidaria y periodistas, de recursos que potencien su incursión en los procesos democráticos, durante las elecciones despliega sus esfuerzos en incentivar el voto informado de los costarricenses. 5) El referéndum, posible en 2007 solo gracias a una interpretación pro-participación de la norma escrita, que además de evitar la colisión social hacia la que nos enrumbábamos, puso en manos de la ciudadanía una decisión que, en principio, las autoridades políticas preferían adoptar por sí mismas.

Todas esas acciones e impulsos tienen una misma dirección: fortalecer a la ciudadanía para que se apropie y protagonice sus procesos políticos. Inyectarle una sobredosis de hormonas para que su injerencia en la polis no se agote en un rito electoral meramente delegativo o, peor aún, en la cultura del bloqueo callejero. Esta es, sin duda, la reforma democrática más profunda de la Costa Rica moderna (que expresa y a la vez alienta un cambio cultural en nuestra sociedad), cincelada sobre el yunque de las competencias cuasilegislativas del TSE y la magistratura de influencia de sus integrantes, bajo el liderazgo del magistrado Sobrado González. Tocará a los historiadores en el futuro ponderar estas transformaciones de los últimos tres lustros. El libro “Elecciones y Democracia” será, para ello, de consulta obligada.

* Abogado

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Miércoles 27 Agosto, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Gustavo Román Jacobo* / [email protected]