La junta directiva del Instituto Nacional de la Vivienda y Urbanismo (INVU) como medida preventiva decidió dejar de vender los planes del Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) a personas jurídicas hasta que haya un pronunciamiento por parte de la Procuraduría General de la República.
La directriz de la entidad obedece a la orden de la Contraloría General de la República en un informe que investiga una serie de transacciones que acumulan contratos por sumas millonarias y en algunos casos se relacionan con los agentes y sus familias.
Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU, aclaró que la decisión de vender planes a personas jurídicas, tal como lo respalda el informe de la Contraloría, la tomaron los miembros de la junta directiva y el Poder Ejecutivo de la administración anterior. Agregó que algunos de ellos fueron despedidos y enfrentan investigaciones legales.
“El informe cuestiona los fines legales del sistema, cuyos recursos deben estar destinados a financiar operaciones de personas físicas relacionadas con la adquisición de casa, lote o rehabilitación de su casa, de acuerdo a las modalidades que establece la Ley Orgánica del INVU”, agregó.
MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGARÁ
La directiva también acordó presentar los resultados del informe de la Contraloría al Ministerio Público para que determine si abre causas penales por las anomalías financieras que ha enfrentando la institución.
Montero explicó que en los intentos por rescatar la institución se iniciará una auditoría interna y en forma paralela se contratará una empresa que realice una investigación.
Con esta medida se espera garantizar una información más directa y efectiva, puesto que los datos revelados por la Contraloría fueron omitidos por la auditoría interna.
Ezzio López, secretario general de la Unión de Empleados del INVU, afirmó que sabían del conocimiento de la presidencia ejecutiva de muchos de los datos revelados y aun así no se han sentado responsabilidades.
Respecto a la auditoría interna explicó que no tiene sentido, pues se investigan entre ellos y no habrá resultados diferentes.
Montero asegura que los ¢78 mil millones que custodia el INVU, propiedad de 55 mil ahorrantes, no se encuentran en riesgo y todas las medidas buscan rescatar a la institución.
