Humberto Vargas Corrales, diputado del Partido Unidad Social Cristiana, pide cerrar el Consejo de Transporte Público (CTP) y crear una dirección de transporte en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tal como lo plantea en un proyecto de ley.
Para el legislador, la sentencia del Tribunal Administrativo de Transporte aceptando la apelación presentada por la Defensoría de los Habitantes, que anuló 158 concesiones y más de 300 permisos otorgados a empresarios de transporte, demuestra la incapacidad del CTP para garantizar servicios de calidad y defender a los usuarios.
La apelación de la Defensoría se fundamentó en estudios que demostraron que a lo largo de 7 años, los dueños de las líneas de buses beneficiadas, durante 7 años incumplieron normas establecidas en la Ley 3.503, entre las cuales pueden citarse el incumplimiento de cláusulas contractuales como la no renovación de flotillas, no tener la Revisión Técnica al día, la falta de certificación del INS, el incumplimiento a las leyes 7.593 y 7.600, la no rotulación con tarifas, origen y destino de la ruta, estar al día con obligaciones con la CCSS; entre otros.
“Se está confirmando parte de las denuncias que he hecho en el plenario legislativo, en el sentido de que el Consejo de Transporte Público no cumple con sus responsabilidades, no vigila la calidad de los servicios, ni defiende los intereses de los usuarios; por lo tanto, no se justifica su existencia”, subrayó el parlamentario socialcristiano.
Para Vargas, esta situación que hoy saca a la luz pública la Defensoría y el Tribunal Administrativo de Transporte tienen fundamento en la propia composición del CTP, donde los sectores que hacen negocio con el transporte público, tienen asiento con voz y voto en ese Consejo, y deciden a quién le adjudican las concesiones y los permisos.
“Solo a manera de ejemplo, el director ejecutivo, Mario Zárate, nombrado por el actual gobierno, ha sido empresario de autobuses y pertenece a una familia que tiene negocios en esta activad en la provincia de Heredia”, dijo Vargas.
Vargas comentó que esta situación no puede continuar. “Las denuncias de la Defensoría y la sentencia del Tribunal dan cuenta de hechos particularmente graves, sobre los que el CTP se ha hecho de la vista gorda, a lo largo de mucho tiempo. Además, ese Consejo le sale muy caro al país, tomando en cuenta, que entre otros gastos, a cada director hay que pagarle mensualmente casi dos millones en dietas, y ni así cumplen con sus responsabilidades”.
El diputado Vargas presentó recientemente un proyecto de ley, bajo el expediente No. 19.252, mediante el cual se elimina la figura del CTP, y en su lugar se crea una Dirección de Transporte Público en el MOPT, dependiente del ministro, con personería jurídica instrumental, para tener la suficiente autonomía administrativa en el cumplimiento de sus responsabilidades, sin que ello signifique violentar controles, rendir cuentas y manejar los asuntos con transparencia.
