El tema de los alimentos transgénicos regresó a la Sala Constitucional a través un recurso que busca un criterio sobre la aplicación de tres artículos del reglamento a la ley.
La acción interpuesta pone en discusión los artículos 117, 118 y 132 del reglamento de la ley de Protección Fitosanitaria (7.664) por lo que ante la complejidad del tema, los magistrados organizaron una revisión en la que las partes presentaron los argumentos del caso.
“Nosotros como expertos en el tema de la regulación de los Organismos Genéticamente Mejorados para uso en la agricultura, explicamos la forma en que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) implementa los artículos que se consideran inconstitucionales”, dijo el ingeniero Alex May, representante de la Comisión Nacional Técnica.
Los artículos cuestionados establecen la regulación de estos productos y la transfiere a argumentación técnica, de ahí surge la pugna entre los ambientalistas que piden cambios y quienes defienden el estado en que se encuentran.
Así las cosas, el numeral 132 de la Ley Fitosanitaria dicta la confidencialidad de la información técnica; en el reglamento que data de 1948 se determina que toda la información relacionada es de carácter confidencial.
“Lógicamente con el transcurso de los años y el mejoramiento del intercambio de la información esto ha cambiado, consideramos que aplicamos la ley de acuerdo al convenio de Cartagena, ratificado por Costa Rica, por lo que debe determinarse qué información amerita ser de carácter confidencial”, puntualizó May.
Otro aspecto en discusión son los permisos fitosanitarios de importación y la certificación del ambiente, ambos protegidos en el marco de la ley de Protección Fitosanitaria.
Sobre el punto 118 de la misma Ley, May explicó que existe una discusión sobre si debe haber un estudio de impacto ambiental o si es una evaluación de riesgo, por lo que ambas expresaron su punto de vista ante los jueces.
Sin embargo, los ambientalistas afirman que sobre la omisión del estudio de impacto ambiental, la Procuraduría General de la República determinó que en el grado de afectación al ambiente es relevante la normativa, debe contemplar a esa actividad entre las que deben ser evaluadas desde el punto de vista de su impacto en el ambiente, so pena de incurrir en una inconstitucionalidad.
“Creo que es necesario trabajar el tema, hay falta de información en los ámbitos educativos, se nota un vacío y muy pocos centros le han dado la atención que merece este tema”, comentó el experto ante la consulta de por qué se expresa rechazo al tema transgénico.
