Aunque no trascendió los nombres de las tres empresas que denunció ante el Ministerio Público por la presunta defraudación fiscal, el Ministerio de Hacienda hizo público el traslado de expedientes al ente judicial, que en total adeudarían al Estado alrededor de ¢4.623 millones
Según explicó el ministro de Hacienda, Helio Fallas, la detección de estos casos es posible gracias a un cambio en el modelo de inspección tributaria, en el que antes sólo se basa en verificar la coherencia de los registros contables y las declaraciones tributarias; y ahora es “basada en riesgos fiscales; con un diseño y aplicación rigurosa de métodos de trabajo específicos (información, procedimiento, duración estimada)”.
Explicó que justamente estas 3 empresas pertenecen a un grupo de 22 que fueron incorporadas en el mes anterior en el plan de fiscalización 2014.
La alerta se emprendió sobre ella después de que se detectara que habían reportado declaraciones muy bajas o pérdidas.
Fallas amplió, que en el caso de estas empresas, la Procuraduría General de la República puede entrar a a negociar con ellas el monto adeudado, y “no esperarse a un juicio que es complejo”.
Eso es posible tras la polémica derogatoria de la Directriz 30-P que había establecido la expresidenta Laura Chinchilla, en la que ordenaba mano dura contra grandes evasores, y pedía a la Procuraduría llevar la mayoría de casos a juicios, en donde se exponían a una sanción carcelaria.
