La Asociación de Desarrollo Integral de Salitre solo ha presentado un informe financiero en los últimos 24 años, informó Harys Regidor, jerarca de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco).
De 1990 a la fecha solamente ha entregado el informe financiero del 2003, por lo que no se le han girado recursos.
“El hecho de que una asociación de desarrollo tenga un informe económico al día o no lo tenga al día no es criterio o requisito suficiente para eliminarle la facultad que tiene como organización integrada, en el marco de nuestra ley”, explicó.
Se le cuestionó al jerarca de Dinadeco si no considera excesivo el hecho de que solo haya presentado un informe en 24 años y respondió que desde su punto de vista, como un ciudadano común y corriente, sí es mucho tiempo.
“A partir de eso las acciones que ha llevado Dinadeco en su momento y otras entidades ha sido buscar dentro del marco que establece la ley que se dé ese cumplimiento”, declaró.
Un grupo de 13 indígenas de la reserva de Salitre denunció ante el Ministerio Público a Sergio Rojas, presidente de la Asociación, y 10 personas más por la presunta malversación de ¢598 millones, que se habrían girado como parte del pago de servicios ambientales por parte del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
Regidor aclaró que Dinadeco no ejerce ninguna fiscalización sobre esos recursos pero sí ha instado a las asociaciones a que “en el marco donde utilizan fondos de carácter privado, que ellos mismos generan, procuren establecer los mecanismos más transparentes para sus asociados y su comunidad”.
Óscar Sánchez, director de Servicios Ambientales de Fonafifo, certificó una lista de 14 contratos, de 1999 al 2012, con la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre y explicó que el destino de los recursos depende de cada organización.
Sergio Rojas, presidente de la Asociación, dijo a un equipo de DIARIO EXTRA que ellos son un puente entre Fonafifo y el dueño de las tierras dentro de la reserva. Reciben el dinero y lo transfieren. “La Asociación le tiene reconocido el derecho como propietario único”, aseguró.
Según los contratos en poder de El Periódico de más Venta en Costa Rica, los cuales constan en la certificación enviada por Fonafifo a la Fiscalía de Asuntos Indígenas, todos están firmados entre la entidad estatal y Sergio Rojas como presidente de la Asociación.
En ninguno de los documentos se indica que los recursos serán transferidos a los dueños de las tierras dentro de la reserva.
A Rojas se le cuestionó que los indígenas que interpusieron la denuncia denuncian que quienes reciben los recursos son familiares de él y por eso no se da a conocer a la luz pública la cantidad de dinero que reciben.
“Bueno, primeramente los bibris somos una sola familia, todos somos una sola familia, o sea todos, hasta los que están hablando paja”, respondió.
ACUSARON A LA FISCALÍA
Los indígenas que acusaron a la Asociación también solicitaron que se abriera un proceso disciplinario contra la Fiscalía de Asuntos Indígenas, pues alegan que no ha realizado las gestiones necesarias para investigar la presunta malversación de fondos.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Buenos Aires el 6 de noviembre del 2012 y luego la trasladaron a la Fiscalía de Asuntos Indígenas el 14 de noviembre del mismo año.
El 13 de noviembre del 2013 solicitaron se abriera un proceso disciplinario contra dicha fiscalía.
“Desde la fecha de ingreso del expediente a la Fiscalía de Asuntos Indígenas se han realizado constantes llamadas, sin embargo se han negado a dar información a las partes, indicando que es confidencial.
Al continuar llamando lo único que decían era que estaba en la Oficina de Delitos Económicos y así nos han mantenido por el plazo de un año”, se puede leer en la denuncia.
La Fiscalía de Asuntos Indígenas solicitó el levantamiento del secreto bancario de todos los miembros de la Asociación y también un estudio pericial a la sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de Investigación Judicial.
Sin embargo Reynaldo Carrillo, jefe interino de esa sección, en un informe de fecha 23 de setiembre del 2013 informó a la Fiscalía que se realizaron los levantamientos bancarios, sin embargo para completar el peritaje se necesitaba el decomiso de documentos como libros legales, contables, administrativos y facturas de entrega de dinero a los socios.
Delitos Económicos recomendó que se le solicitara a la oficina regional del OIJ en Buenos Aires el decomiso de dicha documentación.
“Una vez lograda la información por parte de la Oficina Regional del OIJ de Buenos Aires, se deberá solicitar ante el Juzgado Penal de Buenos Aires los allanamientos necesarios para obtener la evidencia necesaria para el desarrollo de la pericia”, se lee en el informe 181-DEF-NR-030-13.
DIARIO EXTRA intentó conocer si dichas acciones judiciales se realizaron por medio de consulta a la Oficina de Prensa del Ministerio Público, sin embargo a la hora de cierre no habíamos obtenido respuesta.
