Las dos abogadas arrestadas por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en conjunto con oficiales de la UIP y UEA (Unidad de Intervención Policial y Unidad Especial de Apoyo, respectivamente), habrían sido rastreadas por miembros del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Así lo confirmaron fuentes policiales vinculadas con la investigación hecha desde Costa Rica, la cual arrojó a Viria Picado Rodríguez, Gabriela Alejandre Sáenz y Jaime Jarquín Zárate, como los supuestos responsables de cometer delitos, entre ellos falsedad ideológica, asociación ilícita, usurpación, uso de documento falso y estafa.
Según informaciones dadas a DIARIO EXTRA, el órgano policial estadounidense investigó a estas mujeres por la relación obtenida con varios colombianos, mismos que tenían el ojo encima por actividad narco en EE.UU.
A las tres personas citadas se les detuvo la mañana de ayer en una serie de allanamientos realizados en San Carlos, Tilarán, Guatuso de Alajuela y Santo Domingo de Heredia, lugar donde presuntamente una de las notarias mantenía su oficina.
De acuerdo con la información que obtuvieron las autoridades judiciales a través de su investigación, Alejandre y Picado fueron contactadas por varios colombianos e italianos, estos en apariencia consiguieron la propiedad que iba a ser ultrajada.
Ambas abogadas estuvieron a cargo de realizar los trámites “legales” para que el terreno de más de 300 hectáreas apareciera a nombre de un italiano, cuando los verdaderos dueños están muertos.
La finca tiene un valor cercano a los ¢ 2 mil millones, presuntamente al momento de ser invadida por el sospechoso, de apellido Popoe, el 31 de mayo, solo estaba ocupada por una familia encargada de cuidarla.
El extranjero llegó con un grupo armado y desalojó obligatoriamente a la familia, alegando que era de su propiedad. Se presume que Popoe se hacía pasar por italiano, cuando en realidad es colombiano.
Fabio Vargas, abogado encargado de los trámites legales de la finca en Costa Rica, señaló al Periódico de más Venta en Costa Rica que la forma en que estas personas invadieron la hacienda, evidencia un caso escandaloso de crimen organizado.
FUNCIONES
En cuanto a las funciones que cumplieron los sospechosos durante el plan, Alejandre fue la encargada de contactarse con el grupo criminal para recibir datos y dar las órdenes “legales” para hacer el trámite.
Por su parte, Jarquín era el presunto administrador antiguo de la familia que verdaderamente compró la propiedad, habría sido quien movió todo para que el negocio se diera, pues solo él sabía que los dueños de la casa habían fallecido.
Finalmente, Picado sirvió de apoyo para Alejandre en todo momento y se encargaba de realizar varios procesos para los documentos, que ayer fueron secuestrados por la Sección de Fraudes del OIJ.
TRAPOS SUCIOS
Algunas informaciones, que también surgieron de forma extraoficial, señalan a una de las abogadas como la encargada de traer al país suministros farmacéuticos para uno de los cacos, así como otros artículos destinados a la finca, no obstante, sería la policía de Estados Unidos la encargada de haber llevado esta investigación. La tarde de ayer el OIJ había logrado el decomiso de mucha evidencia que permitirá inculpar a los detenidos.
También trascendió que en varios forros de la casa hallaron armas y droga, dato que al cierre de edición no fue confirmado por las autoridades, así como animales exóticos en varios encierros.
Los sospechosos fueron llevados al Ministerio Público para ser indagados y puestos a las órdenes de la justicia.
