Ayer se realizó una reunión de alto nivel entre el ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, y representantes de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC), el motivo del encuentro era solicitar que el Poder Ejecutivo depusiera la intervencion en la junta directiva de dicha institucion financiera.
Sin embargo, y a pesar de las buenas intenciones de ambas partes, aún no hay humo blanco respecto a este tema, más bien los involucrados estarían apostando a abrir más canales de comunicación y continuar con las negociaciones la próxima semana.
Rodolfo Camacho, presidente del directorio de la Asamblea de Trabajadores, reiteró que en la reunión no se llegó a nada concreto, sin embargo, resaltó que se abrieron las puertas del diálogo del Poder Ejecutivo.
"Tenemos la oportunidad de seguir conversando con don Melvin, no está cerrada la posibilidad de que la directriz que nombró a cuatro directivos pro tempore pueda ser derogado, es posible", detalló. Para concretar esta cita entre Presidencia y los sectores sociales de la Asamblea de Trabajadores se necesitaron 5 meses y varias cartas pidiendo un espacio para conversar.
PROPUESTAS
Camacho agregó que el Ejecutivo les habría solicitado que presentaron argumentos legales que permitan contrarrestar los razonamientos jurídicos que dan sustento a la intervención avalada por el mandatario Luis Guillermo Solís según el decreto 38492-MP y el acuerdo 005-MP del Ministerio de la Presidencia, publicados el 9 de junio en La Gaceta.
Se espera que la próxima semana los sectores sociales agrupados en torno a la Asamblea de Trabajadores presenten un documento al Gobierno en el cual se expliquen sus razones legales para levantar laa intervención.
COMITÉ DE ACREDITACIÓN
Otra preocupación que surgió es que en el decreto se estaría modificando la conformación de la Asamblea de Trabajadores; se eliminó el Comité de Acreditación, órgano que funciona como un tribunal interno de elección, todas sus potestadas recaerían sobre el gerente del Banco Popular, "eso no es correcto", lamentó Camacho.
Esta historia no es nueva, la intervención del Poder Ejecutivo en el BPDC empezó desde la Administración Chinchilla Miranda. Esta bronca nace debido a que el método para elegir los representantes de los sectores en la Asamblea de Trabajdores fue impuganda ante la Sala Constituicional.
DIPUTADOS PRESENTES
En este encuentro también participaron varios diputados, entre ellos Ligia Fallas, del Frente Amplio (FA), quien resaltó que ahora se está entrando en un proceso de negociación. "Nos abrieron las puertas para sentarnos, ambas partes van a dar sus argumentos, le vamos a dar chance", indicó.
Esta legisladora también confirmó que se suspendió la Asamblea de Trabajadores que se tenía programada para este sábado, ya que se pretende trabajar en los argumentos legales durante estos días. “Me satisface que se abrió el diálogo, este gobierno no estaba prestando oídos al pueblo, ya por lo menos se da ese espacio”, detalló Fallas.
Óscar López, de Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), también participó en el encuentro y lamentó que el Gobierno haya continuado con la intervención. “Se pensó que eso acababa con el Gobierno de Laura Chinchilla, pero Luis Guillermo le da las mismas prácticas”, finalizó.
