Tal como lo publicó DIARIO EXTRA, el gobierno dejó atrás la Directriz 30-P que estableció la expresidenta Laura Chinchilla, ordenando que la mayoría de casos de grandes evasores se llevaran a juicio, exponiéndose así a una pena carcelaria.
Ayer se estableció en el La Gaceta la derogatoria, en la cual dan vigencia a dicha directriz.
Según argumentó el gobierno, “la directriz N° 030-P impone a la Procuraduría General de la República límites y reglas vía directriz en cuanto a la potestad de conciliar o aceptar una reparación integral del daño en delitos de evasión fiscal, por lo que dicha Directriz resulta constitucional”.
Chinchilla repudió la decisión del presidente Luis Guillermo Solís y señaló que se habría un portillo a la impunidad.
Solís, quien en un principio negó haber firmado la derogatoria, ha defendido la decisión, justificando que conciliar le permite al Estado recuperar el dinero adeudado de una forma más rápida. La derogatoria ha sido blanco de críticas y levantó revuelo, de quienes insisten que flexibiliza el camino a los grandes deudores de impuestos.
