El Tribunal Contencioso Administrativo le dio plazo de tres días a las partes involucradas en la anulada concesión de la ruta San José-San Ramón para que se refieran a la medida cautelar interpuesta con el fin de que se devuelvan los $35 millones pagados de indemnización a la empresa Central American Investing (OAS).
Según la notificación firmada por Christian Hernández, juez tramitador, el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Contraloría, la empresa Central American Investing (OAS), y la Concesionaria del Valle deben contestar por escrito las pretensiones de la Asociación Nacional pro Defensa de los Usuarios que solicitó que el dinero pagado por el Gobierno como indemnización por anular de la concesión de esa ruta sea depositado en una cuenta corriente.
Así lo solicitó José Antonio Rojas, dirigente de esa asociación, hasta tanto ese tribunal no resuelva por el fondo la demanda planteada para eliminar el contrato entre la empresa brasileña y el Estado.
Hace un año se dio todo un movimiento social para obligar al Gobierno a anular ese contrato porque era calificado de oneroso, al tener peajes elevados; además, se negoció sin la participación de las comunidades.
