Cárcel ¿problema o solución?

La vocación republicana que, como costarricenses, nos hace creer en las instituciones con la misma firmeza que defendemos el sentido demócrata de nuestra historia, es la que nos obliga a respetar a las mayorías aun cuando seamos parte de ellas tantas veces como nos tocará en la vida no serlo y sufrir la marginalidad, al integrar minorías.

Un buen demócrata jamás será un invicto. Por más navegante de agua dulce que sea un ciudadano, le tocarán derrotas y desgracias, pues ningún sistema político blinda contra ello.

El que pueda estar bien apuntado a un partido político con vocación ética y liderazgo inteligente, y así gane en las urnas hoy, puede que pierda con su equipo de fútbol mañana, sea integrante de una minoría religiosa, racial e incluso de género o inclinación sexual diversa.

En fin, todos somos minoría y mayoría al mismo tiempo y, en ese tanto, nadie queda exento de sufrir marginalidad, entendida esta como la desgracia de tener que jugar el juego sin formular las reglas ni dominarlas, pero lo que es peor, sin compartirlas necesariamente ni en todos los casos.

Por tanto, en buena medida, la sanidad de la democracia concreta –no del concepto deletéreo sino de la que nos interesa aquí y ahora- se puede medir a partir de la forma en que se trata a las minorías, a los marginados, a los diferentes en términos de sociabilidad.

Dice mucho de un país la forma en que integra –o desintegra- a aquellos ciudadanos que se han divorciado de la coexistencia civil pacífica, al punto de desconocer el Estado de Derecho y vivir paralelamente a este, cuando no en abierta contradicción.

Al punto que caer en la sobreestimación del derecho penal ampliando su alcance y gravedad, e incluso llegando a concebir la cárcel como una solución y no como un problema que hay que entender, afrontar y resolver, es, por decir lo menos, un error. Pero no cualquier error, sino uno tan grave que, contrario a nuestra vocación civilista, pasa por alto el principio de legalidad al desconocer que el sistema penitenciario no tiene como función agravar la pena impuesta por los tribunales.

Vergüenza carcelaria. Los derechos humanos no admiten excepciones de trato. Este debe ser digno, honesto y fiable con todos los ciudadanos, incluyendo los presos.

No es aceptable, en pleno siglo XXI, que alojemos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la democracia más estable de América Latina -y nos ufanemos de ello-, sin resolver la vergüenza carcelaria, una de las peores evidencias de subdesarrollo.

Y eso pasa por atacar el hacinamiento, pero no solo construyendo más reclusorios, sino retomando la agenda resocializadora que hoy se ha erigido como la gran quimera de las ciencias penales, relanzando la agenda negociadora para resolver fuera de la jurisdicción, los conflictos que no son tan traumáticos como para impedir que las partes se sienten a dialogar franca y respetuosamente, restaurando el bien en vez de retribuir el mal, devolviendo el derecho penal a su reducto -como ultima ratio-, pero sobretodo, reenfocando la política criminal hacia los delitos más dañinos socialmente y refundando una cultura de legalidad que motive el orden y la paz allí donde hoy impera el desorden y la violencia.

*Abogado

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Martes 04 Marzo, 2014

HORA: 12:00 AM

CRÉDITOS: Por: Pablo Barahona Kruger