Editorial
Desde octubre del año 2012 la Municipalidad de San José implementó el cobro de impuestos para los pregoneros, quienes cada día venden a los ciudadanos ejemplares de periódicos nacionales.
La recaudación representa 10 mil colones por cada trimestre y cinco mil más de pago retroactivo para cubrir la deuda que, según el ayuntamiento, tienen estos vendedores desde la entrada en vigencia del reglamento de ventas ambulantes.
La disputa por el pago se ha prolongado hasta la fecha pues los regidores del concejo municipal siguen con la idea de apretar a los pregoneros, esos trabajadores que apenas ganan para comer.
La insistencia de los señores es tal que ahora con el afán de hacerse del dinero que por algunas ineficiencias administrativas no cobraron años atrás, emplazan a los medios de comunicación escritos para que asuman con su patrimonio tales costos.
La situación ha sido un estira y encoge, el gobierno local está sentado en la galleta con el cobro del impuesto, olvidándose de aquellos que se dedican a la venta de periódicos en media calle, los cuales apenas y logran recaudar algunos cincos para velar por sus familias, pues se trata de una labor informal.
Entonces, obligarlos a pagar patente por estar volando suela en San José es una verdadera ingratitud y peor aún un abuso, en especial porque se comete contra las clases desprotegidas y pobres del país. No es justo que un pregonero deba asumir tales costos si sus ingresos son limitados y varían en cada jornada.
Los mismos están hartos con la posición del ayuntamiento que en vez de buscar alternativas para solucionar el problema, sigue empecinado en pasarlos por las armas, no solo con el pago trimestral, sino también con el retroactivo.
Este es otro punto de discordia, pues la Municipalidad no ha podido ejecutar esos cobros, y además el reglamento no estaba en vigencia desde el año 2009, ¿cómo pretenden hacerlo?, entonces es improcedente insistir con estrangular a los pregoneros.
Pero el caos va más allá, los expertos de la Muni acordaron redactar un documento con las especificaciones del cobro y ciertas consideraciones en beneficio de los vendedores de diarios. Sin embargo, por falta de tiempo o por simple comodidad, le hicieron a lo tico un “copy paste”, en español “copiar y pegar” del reglamento para vendedores de lotería de la Junta de Protección Social, situación completamente irregular y desmedida.
Si bien tanto vendedores de lotería como de periódicos caminan por la calle ofreciendo el producto final, la gran diferencia es que la Junta adquiere una relación con el adjudicatario, además le maneja un plan de pensión y le pone reglas básicas al comercio de los billetes del azar. En cumplimiento con la ley de venta de loterías, los chanceros no pagan patentes.
Más sencillo aún, entre los vendedores de lotería y la entidad existen reglas de comercialización, situación contraria a la ocurrida con los medios escritos, quienes apenas y venden su producto a los pregoneros interesados por un margen de ganancia. Éstos son vendedores independientes. Parece que en la MSJ no conocen bien la diferencia entre ambas labores y siguen obstinados con sacarles el dinero, perjudicando a más no poder uno de los grupos de trabajadores con más limitaciones y sin respaldo estatal.
Para nadie es un secreto que el pregonero podrá comprar ejemplares diarios en promedio a la venta del día anterior, es simple: no tiene capacidad de compra regular o frecuente pues depende del cliente, la fecha y hasta el clima.
Lo anterior es la muestra clara de su estado de vulnerabilidad y por ende debería a todas luces ser un elemento a considerar para el cobro de patentes.
La labor de pregón no es nueva, lo raro es la intención intempestiva de la Muni de cobrarles impuestos o de castigarlos con quitarles el permiso de venta si no cumplen con tal exigencia.
Ojala pronto el gobierno local josefino comprenda que en vez de hacer un favor, están a punto de causar todo un drama social, pues existen cientos de vendedores de periódicos que viven con dinero al día y hacen mil malabares para poder mantenerse en el negocio.
No estamos con esto diciendo que la municipalidad deba limitarse en la imposición de cuotas y patentes, sino que debe tomar consideraciones especiales para algunos sectores y el caso de los pregoneros es fundamental pues su realidad es completamente diferente a la del resto de vendedores ambulantes en estación y comercialización.
Es decir, haber implementado un reglamento con estatutos diseñados para un actividad económica completamente distinta a la que acá nos compete, es una verdadera irresponsabilidad y denota la falta de atención y respeto del ayuntamiento para con los vendedores que al fin y al cabo son sus contribuyentes.
