Antecedentes penales: una condena contraria a los derechos humanos y constitucionales
La exclusión de la actividad social para aquellas personas con un antecedente penal ha estado presente siempre, y en la actual campaña política toma mayor fuerza. Existe en el enunciado “ANTECEDENTE PENAL” un determinismo criminal incuestionable, sin tener en cuenta que el mismo viola la Constitución Política de Costa Rica.
Contar con antecedentes penales garantiza una condena a muerte, silenciosa, sin paliativos y sin misericordia. De las muchas consecuencias de contar con un antecedente penal, está la exclusión de la vida laboral. Luego, esa mancha que acompaña a toda persona con un antecedente penal deja entre dicho su credibilidad moral, social, política, religiosa, deportiva, intelectual, psicológica... Tiene el sello de la DISCRIMINACIÓN DE LA SOCIEDAD en la frente.
En la actual campaña política los candidatos, para hacer ego de transparencia, desaprueban inmisericordemente a quienes ya fueron condenados y a exprivados de libertad. Sin embargo, todos, explícita o implícitamente, tienen por discursillo la solidaridad y el humanismo, herencia incuestionable de Maquiavelo en la contienda política por el poder. El discurso es de abolengo utilitarista: se procura el mayor bien para el mayor número de personas. Las minorías quedan silenciadas y excluidas. De este discurso de bienestar público están apartadas las personas con un antecedente penal, SIN TENER ENCUENTA QUE EL VOTO DE LOS EXPRIVADOS Y PRIVADOS DE LIBERTAD Y FAMILIAS, TAMBIÉN CUENTA EN LAS ELECCIONES Y SUS DERECHOS HUMANOS SON INTANGIBLES.
Mientras vemos debates políticos de candidatos, todos nos preguntamos: ¿Y LAS POBLACIONES PRIVADAS DE LIBERTAD Y EXPRIVADOS Y FAMILIAS EN QUÉ GRUPO SOCIAL SE CLASIFICAN? Y LOS DERECHOS HUMANOS INCLUIDO EL DERECHO AL TRABAJO EN QUÉ PARTE DE LAS AGENDAS DE GOBIERNOS DEL FUTURO GOBIERNO ESTÁN? NO LAS HEMOS OÍDO NI VISTO, PLASMADA EN EL PAPEL.
La exclusión de la actividad laboral es condición casi necesaria para que una persona con antecedentes penales vuelva su mirada hacia el delito.
Claro, pueden ganarse la vida juntando chatarra, plástico, latas de aluminio; o ser más ambiciosos y revender chunches de la industria china; o quizás verduras, papas fritas, o DVD pirateados y perseguidos por las autoridades en el bulevar de San José. Y cuando no hay manera de ganar dinero y el hambre ataca, no queda más que alimentarse de todo aquello que exista en los basureros, convirtiéndose en indigentes por el rechazo social y el poco interés de las autoridades de atención social y las municipalidades.
El trabajo es fuente de riqueza según la política liberal y neoliberal (¿cómo podría gestionar un préstamo ante una entidad financiera una persona que desee emprender su propio (Pymes) negocio si es excluida laboralmente por contar con antecedentes penales?). El trabajo es base de la ideología socialista y comunista de acuerdo con el cual se edifica el Estado y se desarrolla una sociedad igualitaria, pero una igualdad que no es para todos. La doctrina socialcristiana pone la dignidad de la persona como criterio fundamental, pero abiertamente excluye a los que han incurrido en error, dejando sus principios para una élite social únicamente. La socialdemocracia, en su más fundamental marco ideológico, lucha por la justicia social y la dignidad humana también, aunque también excluye, aproximando su discurso más a un neoliberalismo bajo una falsa doctrina. Una acción ciudadana que construye su edificio ético bajo un inductivismo tecnocrático, dejando por fuera una autentica ética social. El trabajo contribuye a la economía individual y social de una nación, pero no puede existir un criterio parcial donde el estatuto de ciudadano de un exconvicto sirve sólo para recriminarlo, discriminarlo y marginarlo de una política y sociedad que lo excluye del resto los mortales.
No se niega el problema de la criminalidad, en especial cuando es sistemática. Pero existe un problema social, que consiste en etiquetar y condenar enfáticamente a las personas que han cumplido una sentencia o han enfrentado una causa judicial. Una sociedad que pretenda regularse bajo el principio de justicia e igualdad, y que de alguna forma alardee de respetar Derechos Humanos, no puede seguir actuando bajo esta lógica cruel de excluir a las personas que han enfrentado y purgado un delito en una cárcel. Si bien es cierto que existe reincidencia intencional (lo cual tiene una explicación desde varias disciplinas), igual hay que tomar en cuenta que muchas personas enfrentaron delitos no necesariamente por ser criminales.
Muchos factores pueden influir en que una persona cometa un delito. Juzgar y estigmatizar a una persona por sus antecedentes penales es injusto e Inconstitucional. Es negarle la posibilidad de reivindicar su vida Y REINSERTARSE A LA SOCIEDAD, de reconstruir los años perdidos, de reformular un nuevo proyecto de vida. Pero nadie puede hacer un proyecto de vida, si a cada momento se le enrostra que cuenta con antecedentes penales, de forma directa o indirecta a través de lógicas sociales discriminatorias y practicas segregacionista sistemáticas, que ya datan del siglo pasado.
Existe una lógica del castigo circular que condiciona a las personas con antecedentes penales a delinquir nuevamente. Al negarles la posibilidad de laborar y reinsertarse a la sociedad, ante la falta de voluntad política frente a estos delicados problemas sociales, y por tener su hoja de delincuencia manchada, así se garantiza el sistema su reinserción penal en lugar de la reinserción social viable.
Una condena que se extiende por diez años más, una vez que el convicto alcanza su libertad es producto de una lógica perversa. Resistir diez años desempleado depende de un núcleo familiar verdaderamente sólido, en el que el apoyo emocional y económico es fundamental para el exconvicto. Pero no todos tendrán esa suerte. La reinserción penal está casi garantizada. Adaptación Social debería llamarse Adaptación Penal. Al preso se le prepara para volver, a un eterno retorno criminal. Así se justifica el sistema, por demás, inoperante.
Es oportuno distinguir entre criminales o delincuentes habituales (delincuencia sistemática) y personas que incurrieron en delito de manera circunstancial, en el que múltiples factores influyen. Un núcleo familiar disfuncional, una mala orientación moral (los grupos de pares influyen notablemente), pasiones exacerbadas que inhiben la capacidad de razonar, e incluso, la simple estupidez del accionar y las necesidades, naturaleza inevitable a la que todo ser humano está expuesto, y producto de la cual puede cometer daños irreparables, son algunos factores a tomarse en cuenta.
¿Qué pasa con el destino de aquellas personas que llegaron a la cárcel de manera circunstancial? Hay personas con antecedentes penales que no son delincuentes, que simplemente cumplieron una sentencia, pero que hoy día procuran llevar una vida socialmente sana, pese el dolor que arrastran motivo del daño psicológico que les dejó el lugar, y desde luego, el delito mismo y el daño cometido. No todos se mofan de haber cometido un delito, sino que este lo ven como una vergüenza dolorosa que los acompañará siempre. A esas personas, que hoy sufren discriminación social, que las políticas públicas y la recriminación social los aparta de una sociedad (CIVILIZADA Y MODERNA), se les tiene que dar seguimiento profesional. Muchos caminan en silencio ante una multitud de la sociedad, existiendo sin existir. Rechazados y discriminado al momento de saber su historial, sufriendo una condena de por vida, mientras dure esa vida.
Se trata de que una vez cumplida su sentencia, pagado su castigo, puedan sin ningún impedimento legal participar en igualdad de condiciones por una oportunidad de realizarse económicamente a través de la actividad laboral. RECORDEMOS QUE EL TRABAJO ENGRANDECE AL HOMBRE Y UN ESTADO DEMOCRÁTICO, TODOS LOS CIUDADANOS TIENEN LOS MISMOS DERECHOS Y DEBERES CON EL PAÍS.
LA FUNDACIÓN PARA LA DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS COSTA RICA, INVITA A LA SEÑORA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: DOÑA LAURA CHINCHILLA MIRANDA, A CERRAR CON BROCHE DE ORO SU GOBIERNO, Y CONVOQUE PARA EL PERIODO LEGISLATIVO EXTRAORDINARIO QUE INICIÓ EL 3 DE FEBRERO 2014, EL PROYECTO DE MODIFICACIÓN 18650 DE LA LEY No 6723 ARTÍCULO 11 Registro Judicial ( Hoja de Delincuencia ).
TODOS LOS SERES HUMANOS NACEMOS IGUALES EN CONDICIONES Y EN DERECHOS. DERECHOS QUE NO SE DEFIENDEN, SE PIERDEN.
*Presidente Fundeprode
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Jueves 06 Febrero, 2014
HORA: 12:00 AM
CRÉDITOS: Por: Lic. Hermez González Álvarez / [email protected]
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