Ineficacia y burocracia estatales son 2 elementos que a criterio de las municipalidades costeras han venido a detener el proceso de aplicación de los planes reguladores de estos cantones.
Durante los talleres que realizó la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) en el marco del Congreso Nacional de Municipalidades, este fue uno de los temas recurrentes.
“Desafortunadamente a las municipalidades siempre se les responsabiliza de los atrasos que se está dando en la creación de los planes reguladores, cuando la pega realmente se está dando en la Secretaría Técnica Nacional (Setena)”, comentó Rolando Rodríguez, presidente de la UNGL.
Los estudios de vialidad de 34 planes reguladores se encuentran “pegados” en esta instancia, por diversas razones, por lo que todavía no han sido resueltos.
Un dato curioso es que la mayoría de los casos se da en municipalidades costeras, donde es el Índice de Fragilidad Ambiental (IFA), que debe ser determinado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), quien viene a complicar todavía más las cosas.
Este índice le permite al Estado determinar las zonas donde no se debe permitir la acción de ser humano para no dañar de manera irreversible el ecosistema, de manera que para las autoridades este parámetro debe ser vigilado, tal y como lo establece la normativa nacional.
REUNIÓN SALVADORA
Roberto Gallardo, ministro de Planificación, reconoció que esta situación se está dando y acusó a Setena de ser la principal responsable de los atrasos.
Para resolver la problemática, el gobierno llamó a una reunión interinstitucional para determinar los pasos a seguir y sentar las responsabilidades; de esa manera, resolver las trabas.
En la reunión estuvieron presentes los ministros de Planificación, Vivienda, Ambiente y Hacienda, también se invitó al vicepresidente Luis Liberman y a los presidentes ejecutivos del Instituto de Fomento Municipal (IFAM) y del Instituto Nacional de Vivienda (INVU). Como representante de las Municipalidades fue la UNGL.
El ministro aseguró que durante este encuentro se buscó una salida pronta, pues reconoce que el problema está afectando la competitividad de muchos cantones, ya que no se pueden desarrollar proyectos hoteleros o de vivienda, pues no existe un marco jurídico para poder asegurarle la inversión al empresario.
